El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) acogió a trámite la solicitud de destitución contra el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, presentada por consejeros regionales de la oposición y basada en un informe de la Contraloría que detectó irregularidades en la gestión del Gobierno Regional.
La petición fue ingresada el 25 de julio por consejeros de la UDI y del Partido Republicano, quienes acusaron un “notable abandono de deberes”, según señalaron en el recurso. Tricel decidió así abrir la tramitación administrativa del caso para analizar los antecedentes presentados.
Entre las pruebas citadas por los denunciantes figura un pago por $31.366.179 a la consultora Vera y Asociados S.A. por un servicio de “coaching directivo”, que la Contraloría vinculó a contenidos relacionados con la campaña a la reelección de Orrego. La entidad fiscalizadora también cuestionó un traspaso de $1.683.788.000 a ProCultura, operación que enfrenta reparos por un posible conflicto de interés con el psiquiatra Alberto Larraín.
Respecto al informe de Contraloría sobre el coaching, Claudio Orrego afirmó que “ese informe final será subsanado con un recurso de reconsideración”, presentado por su equipo. Paralelamente, el caso ProCultura dio pie a una solicitud de desafuero ingresada recientemente ante la fiscalía.
Los fiscales involucrados en la investigación —el Fiscal de Alta Complejidad Eduardo Ríos y el persecutor regional de Antofagasta Juan Castro Bekios— han solicitado “formalizar y pedir medidas cautelares” contra Orrego, y atribuyen al exmilitante DC la comisión de presuntos delitos como “fraude al fisco, usurpación de funciones y malversación por aplicación pública diferente”, según consta en las actuaciones.
Si Tricel acoge la solicitud en el fondo, la destitución podría implicar la inhabilitación de Orrego para ejercer cargos públicos por cinco años. La tramitación ante el tribunal administrativo seguirá su curso, mientras la investigación penal avanza en la Fiscalía.
