El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, respondió este 28 de enero a las críticas del Gobierno por el retraso en el trámite del proyecto de sala cuna, en una disputa que enfrenta al Ejecutivo y la oposición en el Senado y en la Comisión de Educación.
La vocera Camila Vallejo calificó la actitud de la UDI como “irresponsable” y “mezquina”, mientras que el ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, sostuvo que la decisión del senador Gustavo Sanhueza de no citar a la Comisión de Educación “de no citar a la Comisión de Educación para debatir la iniciativa es ‘irresponsable de cara al país, de cara a los próximos años'”.
Vallejo y Boccardo, según el Gobierno, señalaron además que se habían considerado algunas preocupaciones de la oposición y que existía “cierto acuerdo” sobre puntos de la iniciativa.
Frente a esos cuestionamientos, Ramírez negó que la colectividad haya actuado por “mezquindad” y atribuyó el problema a fallas de gestión. “Acá no hubo mezquindad ni falta de voluntad. Hubo un problema serio de gestión y de responsabilidad política”, afirmó el timonel de la UDI.
El líder gremial añadió que “el Gobierno llegó tarde con sus definiciones” y denunció una falta de coordinación interna en el Ejecutivo: “Mientras nosotros sostuvimos conversaciones formales con la ministra Segpres (Macarena Lobos), pareciera que la ministra sectorial no estaba al tanto de esas conversaciones”.
Por su parte, el senador Gustavo Sanhueza defendió la postura de la UDI y cuestionó la falta de financiamiento del proyecto. “Desde el día uno le dijimos al Gobierno que el proyecto de sala cuna no estaba financiado, hacía perder competitividad a las empresas y perjudicaba a las mujeres. Les dijimos exactamente qué es lo que había que arreglar y estuvimos de acuerdo, pero en cuatro años no fueron capaces de enviar las indicaciones para que el Senado las aprobara”, señaló Sanhueza. Añadió que “ahora, a última hora, quieren aprobar un mal proyecto y le echan la culpa a la oposición de no querer avanzar”.
La discusión deja pendientes técnicos y políticos: la eventual presentación de indicaciones por parte del Ejecutivo, la cita o no de la Comisión de Educación para debatir la iniciativa y el calendario de discusión en el Senado. La definición de esos pasos será clave para el avance del proyecto y su eventual impacto fiscal y laboral.
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