La bancada de la UDI anunció la presentación de un proyecto de ley para que estudiantes universitarios condenados por hechos violentos pierdan la gratuidad, en medio de la polémica por la agresión sufrida por la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao. La iniciativa busca que la medida, debatida por el Gobierno en el marco del proyecto “Escuelas Protegidas”, se aplique también a quienes ya reciben el beneficio en la educación superior.
La UDI informó que la propuesta será formalizada “durante la jornada de este jueves” por los diputados Sergio Bobadilla —presidente de la comisión de Educación de la Cámara—, Ricardo Neumann y Omar Sabat.
Los parlamentarios gremialistas sostuvieron que “es completamente inaceptable que con los recursos de todos los chilenos se estén financiando los estudios de quienes, lejos de contribuir, se han dedicado a destruir la educación de nuestro país. La gratuidad no puede convertirse en un beneficio que esté desligado del comportamiento de las personas”.
Según los legisladores, la iniciativa incorporará una nueva causal de pérdida de la gratuidad aplicable a estudiantes universitarios condenados por “delitos graves contra la vida, la integridad de las personas, la propiedad o la infraestructura pública”, en concordancia con el proyecto ingresado por el Ejecutivo.
La bancada explicó que su decisión de ampliar la inhabilidad a beneficiarios actuales responde, en parte, a la agresión a la ministra Lincolao durante una actividad en la Universidad Austral de Chile. En ese contexto afirmaron: “Si queremos erradicar la violencia en los espacios educativos, también debemos establecer consecuencias claras para quienes la ejercen”.
Respecto al rol de las universidades, los diputados señalaron que “la violencia no puede tener cabida en ningún espacio, y menos en las universidades, que debieran ser lugares de diálogo y formación” y agregaron que “no estamos hablando de sanciones arbitrarias, sino que de una medida de sentido común y altamente valorable por la ciudadanía”.
En paralelo, el subsecretario Jouannet pidió la expulsión de los agresores de la casa de estudios y calificó los hechos: “Ejercieron la barbarie”, según las declaraciones difundidas por el Gobierno.
La iniciativa de la UDI será presentada oficialmente este jueves; el siguiente paso es su ingreso formal en el Congreso para iniciar su tramitación. La medida se suma al debate sobre las sanciones por violencia en establecimientos educacionales y su impacto en el acceso a beneficios estatales.
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