Diputados UDI oficiaron a la Contraloría para solicitar una auditoría tras revelarse que más de 3.600 funcionarios del Gobierno continúan desempeñando sus funciones bajo la modalidad de teletrabajo, pese al fin de las medidas sanitarias por la pandemia.
El subjefe de la bancada UDI e integrante de la comisión de Hacienda, Felipe Donoso, y el diputado Jorge Alessandri informaron este 4 de diciembre de 2025 que presentaron el oficio ante la Contraloría General de la República, luego de que “un medio de comunicación” difundiera cifras sobre teletrabajo en el sector público.
Según esa publicación, 2.590 empleados del sector público realizan labores de forma remota y la cifra asciende a 3.622 al incluir a funcionarios de reparticiones regionales. La ley 21.724 permite que hasta un 20% de la dotación de cada entidad ejerza en teletrabajo, pero el reporte refiere que seis organismos, con autorización de la Dirección de Presupuestos (Dipres), exceden ese tope.
Entre las reparticiones que superan el 20% figura la Subsecretaría de Hacienda, con 105 funcionarios en teletrabajo, equivalente al 41,3% de su dotación. La Subsecretaría de Servicios Sociales aparece con 65 empleados a distancia, lo que representa el 21% de su personal.
Donoso y Alessandri explicaron que recurrieron a la Contraloría porque “resulta indispensable poder verificar si estas autorizaciones que se han entregado siguen estando debidamente fundadas y si se cumplen los criterios establecidos en la ley”, y añadieron que “es aún más relevante determinar si esta modalidad no está afectando la productividad y los niveles de cumplimiento de estas reparticiones”.
Los parlamentarios insistieron en que la norma no puede convertirse en una regla general y recordaron el origen temporal de la medida: “la ley que permite el teletrabajo dentro de la administración del Estado no puede transformarse en una regla general ni tampoco significa que las entidades tengan que hacerla efectiva. El espíritu de esta normativa era dar una solución ante la emergencia sanitaria que estábamos viviendo. Sin embargo, hace más de tres años que se dejaron atrás las distintas medidas preventivas y, así como el mundo privado comenzó a retomar el trabajo presencial, lo mismo debió haber ocurrido con el sector público”, señalaron, y añadieron que “lo más lógico es que los funcionarios cumplan sus labores de forma presencial, salvo en casos realmente justificados”.
También plantearon preocupaciones sobre la calidad de la atención a la ciudadanía: “Es importante que se aclare si el trabajo a distancia en el sector público está afectando la calidad y oportunidad de los servicios que el país debe garantizar a los chilenos. No se trata de cuestionar por cuestionar, sino que de asegurar que los recursos públicos se estén utilizando de forma adecuada y que el Estado esté funcionando de la manera más eficiente posible”, afirmaron Donoso y Alessandri.
