La UDI pidió a la Corte Suprema que repruebe las declaraciones del Presidente Gabriel Boric tras el fallo que absolvió al teniente coronel (r) Claudio Crespo en el caso Gatica, reavivando el debate sobre la relación entre el Gobierno y la independencia judicial.
El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, junto al diputado Jorge Alessandri, integrante de la Comisión de Constitución de la Cámara, solicitaron formalmente a la Corte Suprema que se pronuncie sobre los dichos del Mandatario que cuestionaron el veredicto. Según los parlamentarios, “lo que está haciendo (el Presidente) es ejercer una abierta e inaceptable presión al sistema judicial”, dijeron los diputados UDI.
La solicitud se produce después de que el tribunal absolviera a Claudio Crespo de las acusaciones por haber cegado al entonces manifestante Gustavo Gatica durante el estallido social. Tras conocerse el fallo, el Presidente Boric puso en duda el argumento de la defensa propia y afirmó que “no veo una proporcionalidad en que le saquen los ojos a Gustavo”.
Boric volvió a reiterar sus críticas y sostuvo que “si se establece que una persona le quitó los ojos a otra, no puede haber impunidad”. Al mismo tiempo reconoció los límites de su cargo: “como Presidente de la República no me corresponde referirme a los detalles del fallo”, pero añadió que tiene el deber “de hablar desde los principios y desde el corazón y decir que en este caso debe haber justicia”.
Ramírez recordó que en un caso anterior la Corte Suprema le dijo al Presidente que sus comentarios eran inapropiados. “La Corte expresó que sus dichos eran inadecuados en el caso de Jorge Mateluna”, señaló el dirigente UDI, y pidió que se aplique el mismo criterio ahora. En la oportunidad, la Corte recordó que “la facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley”.
Con la solicitud formal presentada, queda a la espera la decisión de la Corte Suprema sobre si hará un llamado de atención o reprochará públicamente al Presidente. La controversia reabre el debate público sobre la independencia del Poder Judicial y la frontera entre las declaraciones políticas del Ejecutivo y el respeto a las resoluciones judiciales.
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