La bancada de la UDI pidió al Gobierno aclarar la eventual presencia y vínculos en Chile del grupo criminal brasileño Comando Vermelho, tras la publicación del informe “Crimen Organizado en Chile 2025” del Ministerio Público.
El oficio fue presentado por el diputado Juan Manuel Fuenzalida al Ministerio de Seguridad Pública, luego de que el documento de la Fiscalía identificara conexiones entre organizaciones locales y redes internacionales de narcotráfico. En la página 33 del informe se afirma que “en cuanto a las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas en Chile, estas han evolucionado hacia formas cada vez más complejas y coordinadas, propias del crimen organizado trasnacional”, y se consignan “vínculos con el Primer Comando da Capital y el Comando Vermelho, ambos de Brasil, dedicados al tráfico de cocaína desde Bolivia y Paraguay”, según el texto oficial.
Fuenzalida, en representación de su bancada, explicó las razones del requerimiento y pidió medidas concretas. “Las imágenes que hemos visto de Brasil demuestran el nivel de violencia y peligrosidad con el que actúan estas organizaciones”, afirmó el diputado UDI, y agregó que “es indispensable que las instituciones a cargo de la persecución penal y la seguridad de nuestro país no solo lo aclaren, sino que además adopten todas las medidas que sean necesarias para impedir su instalación definitiva”.
El informe del Ministerio Público también advierte que “se observa una criminalidad organizada que opera cada vez con mayor frecuencia, mediante vínculos directos con estructuras criminales de alcance internacional, en particular con aquellas asentadas en la región del Cono Sur”, subrayando el carácter transnacional de estas redes.
Sobre el Comando Vermelho, distintos análisis señalan su origen en una cárcel de Río de Janeiro en 1979 y su consolidación como una de las organizaciones más antiguas de Brasil. Según InSight Crime, el grupo “es considerada la más peligrosa” en ese país.
El oficio de la UDI solicita al Ministerio de Seguridad Pública información detallada sobre el nivel de presencia y los nexos identificados, así como las acciones adoptadas para impedir la instalación de estas redes en territorio chileno. Queda pendiente la respuesta formal del Gobierno y las medidas que puedan derivarse de la investigación fiscal.
La búsqueda de claridad sobre estos vínculos tiene implicancias directas para la política de seguridad y la lucha contra el narcotráfico en Chile. Seguimos la cobertura en portalnacional.cl para informar sobre la respuesta del Ministerio de Seguridad Pública y los próximos pasos de la Fiscalía.
