Diputados de la UDI advirtieron que recurrirán al Tribunal Constitucional si el Congreso aprueba la llamada “ley de amarre” incluida en el proyecto de reajuste que limita los despidos de funcionarios, una norma que la oposición califica como un intento de blindar a operadores afines al Gobierno.
Los parlamentarios Guillermo Ramírez y Jorge Alessandri sostuvieron que, tras el acuerdo entre el Ejecutivo y la Mesa del Sector Público, la iniciativa incorpora “normas sobre el empleo y la estabilidad laboral de los funcionarios” que, a su juicio, transforman el proyecto en “una reforma encubierta al Estatuto Administrativo”. Por ello advirtieron que “si se aprueba la norma, recurriremos al Tribunal Constitucional”.
La bancada de la UDI reforzó la posición durante el fin de semana y señaló que “la actitud del Gobierno es ‘impropia, deshonesta e irresponsable'”. Además advirtieron que la medida “no solo perjudica gravemente a los funcionarios de carrera, sino que además abre la puerta a la creación de una verdadera ‘planta paralela'”.
Desde el Ejecutivo, según el reporte parlamentario, se ha precisado que “aquellos funcionarios de confianza cesarán de sus funciones cuando la administración llegue a su fin, y quienes se vean beneficiados con la norma serán los funcionarios de carrera”. Esa defensa oficial motivó la reacción de la UDI y la advertencia de un eventual recurso ante el TC.
Los diputados de la colectividad pidieron a la centroizquierda, y en especial al Partido Socialista y al PPD, que rechacen el punto polémico durante la tramitación y evitar así la aprobación de la norma. En ese llamado manifestaron que “no se trata de una disputa ideológica, sino que de actuar con la mayor responsabilidad y no terminar siendo cómplices de una maniobra totalmente impropia e inmoral” y que “lo que aquí está en juego no es el reajuste salarial de los funcionarios públicos, sino que la forma en cómo se respeta la democracia y la alternancia en el poder”.
La controversia se concentra ahora en el debate legislativo en el Congreso: la norma deberá ser votada en las instancias correspondientes y, de aprobarse, podría enfrentar un recurso ante el Tribunal Constitucional impulsado por la UDI. El resultado de esa tramitación tendrá implicancias directas para la planta de funcionarios y para el debate sobre el Estatuto Administrativo.
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