El juez de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, calificó como una “vendetta política” la acusación constitucional que enfrenta, y señaló que en el proceso participan parlamentarios y otro magistrado, mientras la investigación del llamado Caso Audios sigue en el centro del debate en el Congreso.
El magistrado llegó esta mañana al Congreso para afrontar la acusación y afirmó: “Espero que los honorables senadores y senadoras voten sin presiones externas e internas”.
Ulloa aseguró que la acusación responde a intereses políticos y nombró a dos diputados del Partido Socialista: “Yo tengo la convicción de que esta acusación constitucional es una vendetta política en la cual participa el señor diputado Manouchehri y la señorita Cicardini, que de alguna manera están asociados con ciertos sectores ideológicos que, junto con el magistrado Daniel Urrutia, han promovido esta acusación constitucional”, manifestó.
Los cargos contra Ulloa, según la denuncia, incluyen notable abandono de deberes, conflictos de interés y la entrega de información de causas reservadas al abogado Luis Hermosilla, formalizado en el denominado Caso Audios. La Cámara de Diputados aprobó la acusación constitucional la semana pasada, luego de que la Corte Suprema rechazara una solicitud de remoción por falta de quórum en una votación anterior.
Sobre sanciones previas, Ulloa reconoció irregularidades administrativas pero negó responsabilidades penales: “La Corte Suprema me sancionó por ese hecho, entonces yo no le puedo decir que no he incurrido en faltas e imprudencias, pero yo no formo parte de ninguna red de corrupción”, afirmó. Agregó además: “Tengo una amistad con (el abogado) Mario Vargas, pero las responsabilidades son personales, yo no he cometido delitos”.
Si el Senado aprueba la acusación constitucional, el juez Ulloa dejará de ejercer inmediatamente su cargo en la Corte de Apelaciones de Santiago y quedará impedido de desempeñar cualquier función pública por cinco años.
Próximo paso: la acusación será sometida a votación en el Senado, instancia que definirá la continuidad del magistrado en el trabajo jurisdiccional y sus consecuencias administrativas y políticas.
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