Estadísticas que cuadruplican (59%) las recomendaciones de la OMS (de 10% a 15%), y que además tienen un alto costo financiero tanto a usuarios privados como a Fonasa. El llamado a las autoridades sanitarias es a revertir esta situación.
Ciper, informó a través de un artículo que acude a publicaciones de hace 7 años de una seguidilla de 5 columnas sobre el aumento de cesáreas en Chile en el año 2015, y a publicaciones del año 2021 y 2022 de el porcentaje de cesáreas en comparación con partos normales.
¿Qué riesgos se corren en una cesárea?
Actualmente, una cesárea planificada, en el caso de un primer parto, por lo general no presenta problemas en países con un sistema de salud eficiente. Sin embargo, en países donde hay una alta tasa de nacimientos por mujer, es problemático, ya que, con cada nueva cesárea, aumenta el riesgo para la madre. Las dificultades se dan, generalmente después de la cesárea, por ejemplo, debido a un desplazamiento peligroso de la placenta, ya que no hay que olvidar que es una intervención quirúrgica. Además, a menudo se producen hemorragias, trombosis y lesiones en el útero.
Ciper denunció la gran escala de cesáreas injustificadas en el país. “Mediante la modalidad PAD (Pago Asociado a Diagnóstico), las mujeres afiliadas a Fonasa (con excepción de aquellas del tramo A) que presenten embarazos de bajo riesgo y más de 37 semanas de gestación pueden optar al copago de un bono para trasladar la atención del parto al sector privado. Se trata de mujeres saludables con embarazos de término, y sin embargo esta modalidad presenta tasas de cesárea incluso más altas que las de aquellas mujeres aseguradas en Isapres. En 2017, un 72% de los partos en modalidad PAD fueron cesáreas. El 75% del costo de este bono lo financia Fonasa, constituyendo un traspaso exorbitante de recursos del sector público al privado. En 2017, Fonasa financió 56 mil nacimientos a través del PAD, lo que significó un gasto de aproximadamente $60 mil millones de pesos, lo que representó el 51% del total de gastos de todo el sistema PAD (que incluye 55 condiciones de salud) en ese año”. informó Ciper en el artículo escrito por Michelle Sadler y Gonzalo Leiva.
Según datos entregados por un informe de la OCDE, Chile es uno de los países en donde más predomina la cesárea por sobre el parto normal en los nacimientos. En ciertos países latinoamericanos, la práctica de cesáreas, inducciones, episiotomías y otros procedimientos que no sean médicamente necesarios y/o no cuenten con el consentimiento de la madre, está prohibida por leyes nacionales o estatales contra la violencia obstétrica en por lo menos ocho países latinoamericanos. En Chile, aún no rige una ley especifica contra la violencia obstétrica.
Ley Adriana
En diciembre, tras una serie de reuniones con la Comisión de la mujer y Equidad de Género, se aprobó en general por unanimidad la ley Adriana, un proyecto que establece derechos en el ámbito de la gestación, preparto, parto, postparto, aborto, salud ginecológica y sexual, y sanciona la violencia gineco-obstétrica.
La propuesta se encuentra en su segundo trámite constitucional. “Ley Adriana”, por uno de los casos que motivó su creación- busca erradicar la violencia gineco-obstétrica y pretende regular, garantizar y promover los derechos de la mujer o persona gestante, de la persona recién nacida y acompañante significativo.
Dentro de las sesiones, se habló de un cambio de paradigma en la forma de ver estas situaciones médicas, dando un paso más humano con un enfoque a la mujer y sus derechos en salud ginecológica, sexual y reproductiva.
Hasta el momento, están los datos. Muchos expertos en salud llaman a no relativizar el riesgo de salud en las cesáreas, y poner atención a la salud maternal, que es lo más importante.
