La decisión de la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, de remover a la subdirectora de Inteligencia de la PDI, Consuelo Peña, generó cuestionamientos sobre posibles injerencias políticas en la relación entre la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público. La situación fue abordada por el fiscal nacional, Ángel Valencia, quien llamó a preservar la autonomía institucional.
La remoción de Consuelo Peña se produjo luego de que, según fuentes de la PDI, la ministra solicitara al director general Eduardo Cerna antecedentes sobre funcionarios de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (BRIANCO) de Tarapacá que participaron en la investigación conocida como el “Clan Chen”, causa que Steinert encabezó cuando fue fiscal regional en esa zona.
En la investigación del “Clan Chen”, apuntan desde la PDI, hubo movimientos de personal y cambios de equipo que habrían molestado a la entonces fiscal Steinert, especialmente por el alejamiento de un funcionario con el que mantenía estrecha cercanía. Entre la información requerida por la ministra constaban la identificación de quienes participaron en la causa, los fundamentos de sus traslados, sus destinaciones y antecedentes disciplinarios o denuncias administrativas.
Además, fuentes señalan que Steinert intentó acceder a una causa que involucra al hijo de la ahora exsubdirectora Peña, quien figura como testigo en un proceso por tráfico de drogas en Valdivia.
Consultado por estos hechos, el fiscal nacional Ángel Valencia afirmó que “como Ministerio Público somos un organismo constitucionalmente autónomo. No corresponde que emitamos opiniones o comentarios respecto de decisiones que haya tomado actualmente en el ejercicio de su cargo, aunque haya sido exfiscal regional con anterioridad”.
Al mismo tiempo, Valencia enfatizó la continuidad del trabajo conjunto entre ambas instituciones: “no quiero dejar pasar la ocasión para resaltar la calidad del trabajo que está realizando hoy día la PDI y la buena salud del vínculo institucional y de trabajo, operativo, entre la Fiscalía y la PDI en todo el país”.
Sobre su relación con el director general de la PDI, Eduardo Cerna, el fiscal añadió que “con el director (Eduardo) Cerna tenemos una relación personal, pero más importante que eso, una excelente relación de trabajo” y que ese vínculo “se extiende a todos los equipos a lo largo del país”.
El caso abrió cuestionamientos internos en la PDI y plantea dudas sobre límites institucionales entre la labor policial y decisiones del Ministerio de Seguridad. Queda por conocer un pronunciamiento oficial del Ministerio de Seguridad Pública y las eventuales aclaraciones que entreguen las instituciones involucradas.
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