La ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, defendió este miércoles la gestión del ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, en la tramitación del proyecto de cable submarino vinculado a una empresa china y calificó como “arbitraria e injustificada” la sanción impuesta por Estados Unidos. La controversia incluye la suspensión de la visa de Muñoz y la anulación de un decreto relacionado con la concesión.
Vallejo sostuvo que Muñoz actuó con rigor administrativo y afirmó que fue “más riguroso de lo que exige la ley”. Sobre la cancelación de la visa, la secretaria de Estado dijo que “no nos olvidemos que tenemos al frente una sanción arbitraria e injustificada a un ministro de Estado por hacer su trabajo, que es evaluar un proyecto de inversión”.
Según la ministra, el decreto firmado por el titular de Transportes fue anulado antes de ser ingresado a la Contraloría. Vallejo agregó que, aún en ese escenario, “la iniciativa no hubiese tenido porqué afectar la soberanía, protección de datos personales. Es un proyecto que tiene que evaluarse en distintas etapas”.
Respecto a la acusación de riesgo para la seguridad regional formulada desde Estados Unidos, Vallejo la calificó de “total y absolutamente falsa e infundada” y dijo que, a su juicio, “no tiene bajo ningún punto de vista legitimidad y justificación”. Señaló además que, por ese motivo, “la Cancillería envió una nota de protesta”.
Vallejo evitó pronunciarse sobre qué decisión debería adoptar el eventual gobierno de José Antonio Kast respecto al cable, y aseguró que “hasta el fin del mandato de Gabriel Boric, se continuará evaluando” la iniciativa.
En relación con una denuncia de la Embajada de Estados Unidos sobre un posible hackeo a empresas chilenas en el contexto de la tramitación del proyecto, la ministra fue clara sobre el procedimiento del Estado: “nosotros como Estado no podemos asumir como verdad inmediatamente una denuncia que presente un país o gobierno, aunque tengamos relaciones diplomáticas. Tomamos los antecedentes, pero luego traspasamos esa información para que se evalúe en su mérito”.
Qué sigue: el tema continuará su evaluación administrativa y técnica mientras persista la tramitación en el Gobierno y antes de cualquier pronunciamiento definitivo de la Contraloría o de futuras autoridades. La discusión tiene implicancias en materia de soberanía, seguridad y protección de datos, que son de interés para la ciudadanía.
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