La ministra vocera Camila Vallejo descartó este viernes que exista un “amarre” del Ejecutivo con la norma incluida en el reajuste del sector público, que según la oposición busca limitar despidos en la próxima administración de José Antonio Kast. La medida, dijo, apunta a reforzar derechos laborales y establecer garantías para los funcionarios del Estado.
En entrevista con Radio Infinita, Vallejo sostuvo que “uno de los temas tuvo que ver con reforzar ciertos derechos laborales para evitar la discrecionalidad abusiva que genera los despidos arbitrarios y alinear cada vez más las normas al trabajo decente”. Añadió que la disposición no tiene relación con asegurar plazas para asesores políticos.
“Esto tiene que ver con garantías laborales para funcionarios públicos, que no tienen que ver ni siquiera con la discusión sobre asesores o personas de confianza que van a presentar con el cambio de gabinete”, afirmó la ministra, y agregó que la regla “no es que los funcionarios públicos no se puedan despedir, sino que se dan ciertas condiciones y garantías para evitar los despidos arbitrarios”.
La polémica se intensificó luego de que sectores de la oposición calificaran la norma como un intento de “amarre”, acusando que pretende asegurar la permanencia de cercanos y operadores políticos del Gobierno actual. Ese reproche fue recogido por la campaña del presidente electo José Antonio Kast, que anticipó críticas públicas a la iniciativa.
El reajuste acordado entre el Gobierno y representantes del sector público incluye la mencionada norma y, según la cartera, comenzaría a regir durante la próxima administración. Pese al acuerdo con varios gremios, el proyecto no contó con el respaldo del Colegio de Profesores, que se mantuvo al margen de la negociación.
Parlamentarios de la UDI han amenazado con recurrir al Tribunal Constitucional si se aprueba lo que han llamado la “ley de amarre”, una advertencia que anticipa posible contencioso político y jurídico en el Congreso cuando la iniciativa sea ingresada.
El Ejecutivo informó que el proyecto del reajuste será enviado al Congreso en los próximos días, donde se espera un debate centrado en estabilidad laboral, competencias del empleo público y límites para nombramientos de confianza. La discusión en el Parlamento y eventuales acciones ante el Tribunal Constitucional serán los próximos pasos a seguir en esta controversia.
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