La vocera de Gobierno, Mara Sedini, afirmó que la Ley de 40 horas “sigue su curso legal” mientras el Ejecutivo analiza correcciones administrativas que, según el ministerio del Trabajo, buscan evitar efectos adversos sobre el empleo antes de la próxima etapa de implementación fijada para el 26 de abril.
La inquietud surgió tras declaraciones del ministro de Trabajo, Tomás Rau, quien el 11 de marzo señaló: “Está dentro de los planes revisar todo aquello que de alguna manera ha contribuido a frenar el empleo. Obviamente las 40 horas tiene un cronograma. El 26 de abril se reducen a 42 horas, eso es así, pero vamos a revisar aquellas cosas que están impidiendo que se genere más empleo”.
En su primera vocería desde La Moneda, la secretaria de Estado abordó los rumores sobre una posible modificación mayor y dijo que “han habido trascendidos”, enfatizando que “dejar bien claro que las 40 horas sigue su curso legal”.
Sedini explicó además que la revisión se enfocará en la forma de implementar la jornada para evitar impactos negativos: “Lo que se ha dicho es que se revisarán las implementaciones”, añadió, y detalló que el objetivo es “que no tengamos problemas o dañemos el empleo, la contratación y los chilenos salgan beneficiados de una buena administración de cómo se van desarrollando las 40 horas, que es un proyecto de ley ya aprobado y que está avanzado”.
El calendario de la ley contempla una reducción progresiva de la jornada: según el organigrama del proceso, a partir del 26 de abril la jornada semanal pasará de 44 a 42 horas en forma obligatoria como parte de la implementación hacia las 40 horas.
Cuando no exista acuerdo entre trabajador y empleador, la Dirección del Trabajo tiene un dictamen aplicable. El organismo establece que, para quienes trabajan cinco días a la semana, la reducción deberá realizarse disminuyendo una hora al final de la jornada en tres días distintos (por ejemplo, martes, miércoles y jueves). Para quienes laboran seis días, la norma prevé reducir al menos 50 minutos en tres jornadas y 30 minutos en una cuarta.
Desde el Ejecutivo han señalado que no está en sus planes eliminar la norma aprobada durante la administración anterior, aunque sí buscan ajustar su aplicación para proteger el empleo y la contratación.
