En el primer debate presidencial del 11 de septiembre de 2025 los candidatos expusieron propuestas contrapuestas para frenar la migración irregular, desde empadronamientos y tecnologías fronterizas hasta expulsiones masivas y la creación de cárceles especiales, en un tema que podría impulsar iniciativas en el Congreso y generar debate entre Gobierno y oposición.
Las miradas de los abanderados sobre cómo abordar los ingresos irregulares y la situación de quienes ya están en Chile quedaron en evidencia durante la discusión.
Harold Mayne-Nicholls fue el único que se mostró a favor de iniciar un proceso de regularización. “Lo tiene que hacer y aquellos que no se sometan tendremos que pedirles que abandonen el país”, dijo, y añadió que el objetivo es “tener claro quiénes están en nuestro país”.
Jeannette Jara planteó medidas combinadas de empadronamiento y refuerzo de fronteras. “Se debe empadronar a los migrantes que llegaron a Chile a trabajar, para después regularizarlos”, afirmó, y rechazó soluciones extremas: “Aunque algunos crean que haciendo zanjas o incluso poniendo minas antipersonales o antitanques esto se va a solucionar, déjeme decirle que nuestra frontera norte tiene 806 kilómetros”. Jara apuntó a “tecnologías y para eso está el Sifron (Sistema Integrado de Frontera) y barreras tecnológicas”.
Evelyn Matthei detalló medidas enfocadas en expulsiones y control externo. Indicó que expulsarán “a 10 mil (extranjeros) que ya tienen orden de expulsión que no saben dónde están” y que instalarán “estas 140 mil cámaras”. Además, afirmó que expulsarán a “tres mil personas que están en las cárceles para que cumplan sus condenas en su país” y que cerrarán la frontera “con un sistema que le haga más difícil entrar a Chile y con alertas tempranas, distintos tipos de sensores, aviones no tripulados, etcétera”.
Franco Parisi propuso medidas más severas en la frontera: planteó “minar el norte, pero ‘con las advertencias para que no ocurran fatalidades'” y anunció la intención de expulsar “a todos los inmigrantes ilegales”. Su idea fue cuestionada por Mayne-Nicholls durante el debate.
Johannes Kaiser sostuvo que van “a expulsar a toda persona que haya ingresado ilegalmente a este país, no vamos a regularizar a nadie y vamos a mantener detenidos a todos aquellos que no podamos expulsar hasta el momento en que abandonen libremente este país o podamos expulsarlos. Se acabó la paciencia con esto”.
Marco Enríquez-Ominami dijo que comenzaría por “expulsar a los condenados inmediatamente” y propuso hacerlo “en aviones de la Fuerza Aérea de Chile”, argumentando que no se pagará la manutención de reos extranjeros condenados en Chile.
José Antonio Kast planteó una postura distinta respecto a las expulsiones: “Van a cumplir su pena acá, en una cárcel especial para extranjeros delincuentes. Y una vez que cumplan su pena los vamos a echar”, dijo. Además propuso que “la inmigración ilegal tiene que pasar a ser un delito y no una falta” y llamó a “convocar a todos los parlamentarios, de todos los sectores” para impulsar ese cambio.
En tanto, Eduardo Artés señaló la importancia de la información sobre las condiciones del país para desincentivar flujos: “Si decimos la verdad, pocos inmigrantes van a venir a vivir peor condiciones que las que están en su país de nacimiento”.
Las propuestas expuestas abarcan desde medidas administrativas como empadronamientos y tecnologías fronterizas hasta cambios legales y operativos como expulsiones masivas, detenciones prolongadas y la creación de una cárcel especial para extranjeros. Queda por ver cómo las distintas iniciativas se traducirán en políticas públicas concretas y si llegarán a materializarse en proyectos de ley o medidas ejecutivas que deban discutirse en el Congreso.
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