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Nacional

Fiscalía pide 10 años para Catalina Pérez en caso Democracia Viva

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La Fiscalía presentó la acusación en el caso “Democracia Viva”, solicitando penas de cárcel y detallando un presunto esquema de adjudicación de fondos públicos que involucra a la diputada desaforada Catalina Pérez, su expareja Daniel Andrade y al exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras. La resolución vuelve a poner en foco el caso Convenios y la responsabilidad de actores vinculados al Frente Amplio.

El fiscal Cristián Aguilar, jefe de Antofagasta, formalizó la acusación que, según el documento de 232 páginas, atribuye a los investigados delitos de fraude al fisco y otros ilícitos vinculados a la adjudicación de convenios del Programa de Asentamientos Precarios (PAP).

La Fiscalía pidió “10 años de cárcel” para Catalina Pérez y Daniel Andrade por su participación en la adjudicación de tres convenios por $426 millones suscritos en 2022 entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la fundación Democracia Viva, señala la acusación.

En paralelo, el documento explica que a Contreras se le atribuye haber intervenido en la inclusión de la fundación en las nóminas de posibles receptores de fondos. La acusación describe que “el imputado Contreras Gutiérrez intervino en el proceso previo a suscripción y aprobación de los tres convenios de transferencia de fondos públicos” y que logró “la incorporación de la fundación”.

El escrito fiscal incluye además pasajes concretos sobre cómo se habría facilitado la postulación de la fundación. Según la acusación, “la imputada Pérez Salinas se puso de acuerdo con el imputado Contreras Gutiérrez para que éste invitara a la fundación Democracia Viva, para ser considerada como institución competente y con experiencia requerida para suscribir tratos fiscales por el Programa de Asentamientos Precarios (PAP) del Ministerio de Vivienda y Urbanismo”.

También se cita que “la imputada Pérez Salinas acordó con su pareja Daniel Andrade que éste aceptara dicha invitación” y que, entre julio y agosto de 2022, “Andrade Schwarze coordinó con Contreras Gutiérrez que le remitiera todos los antecedentes necesarios para realizar su postulación”, con indicaciones previas a la selección de la fundación como receptora de fondos.

La acusación incluye la existencia de un contrato de arriendo que califica de falso. En sus términos, “se había suscrito en el mes de julio de 2022 un contrato falso de arriendo, entre Daniel Andrade por Democracia Viva y Cecilia Millán, … para justificar un domicilio de la fundación y poder realizar el trámite de iniciación de actividades ante el SII”, lo que permitió la tramitación para obtener los recursos del PAP. El documento añade que Pérez intervino “directamente en la obtención de una copia del referido contrato de arrendamiento” sabiendo que “ello no era efectivo”.

Sobre la experiencia de la fundación, la Fiscalía sostiene que ni Democracia Viva ni Andrade “tenían experiencia, competencias ni experticia en materia de habilitación primaria”, pese a que postularon a programas de inversión del Ministerio.

El escrito también relata instrucciones atribuidas a Pérez para hacer aparecer la sede de la fundación como real, entre ellas “poner un logo de la fundación a la puerta; que acondicionaran el lugar como una oficina, y que hablaran con el conserje del edificio y la persona que había arrendado la propiedad, para que señalaran que en el lugar efectivamente funcionaba la fundación”.

Además, la acusación apunta a una estrategia para limitar la exposición de la parlamentaria: “Acordó con Daniel Andrade y Carlos Contreras para que éstos asumieran la responsabilidad por la suscripción de los tres convenios de transferencia de fondos, dejándola fuera a aquélla, lo que establecieron como estrategia para blindar a la parlamentaria”, añade el documento. También indica que “Tanto la imputada Catalina Pérez como Daniel Andrade eliminaron de sus teléfonos celulares todo contacto que mantuvieron con el imputado Contreras”.

La presentación fiscal se enmarca, según el texto, en una investigación más amplia del denominado caso Convenios, en el que además se vinculan otros convenios firmados por Contreras con fundaciones como Fibra ($430 millones), Tomarte ($456 millones) y la Fundación para la Superación de la Pobreza (Fusupo, $284 millones). En esas causas la Fiscalía solicitó sanciones más gravosas para algunos imputados —según el expediente, penas de hasta 35 años para quienes habrían tenido un rol adicional en los contratos— y pidió medidas contra representantes de otras fundaciones por delitos como fraude y lavado de activos.

La Fiscalía precisó que, al momento de la presentación de la acusación, ninguno de los imputados se encontraba en prisión preventiva.

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Nacional

Kast opta por las regiones en un 11 de septiembre sin acto oficial en La Moneda

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Kast realizó actividades en Valdivia, Corral, Máfil y San José de la Mariquina durante este 11 de septiembre, una decisión que generó críticas desde la oposición

Por: Manuel Soto y Daniel Valenzuela

A 53 años del Golpe de Estado y en el primer 11 de septiembre de José Antonio Kast como presidente, el mandatario marcó una diferencia con sus antecesores al no realizar un acto oficial en La Moneda y optar por una agenda de actividades por el país junto a su gabinete.

En paralelo, el expresidente Gabriel Boric asistió este viernes, junto con ex ministros de su Gobierno y figuras de la oposición, a la actividad realizada en el mausoleo de Salvador Allende, en el Cementerio General. 

La decisión marca una ruptura con la tradición republicana. Incluso el expresidente Sebastián Piñera, durante sus dos mandatos, realizó actos formales en el Palacio de La Moneda con una postura marcada por la reflexión, el reconocimiento del quiebre de la democracia y la condena a las violaciones a los derechos humanos. 

La respuesta del presidente

La decisión del Gobierno de mantener al presidente José Antonio Kast y parte de sus ministros desplegados en regiones durante este 11 de septiembre generó críticas desde la oposición. Mientras Kast desarrolló su agenda en la Región de Los Ríos, dirigentes del Partido Socialista y la exministra del Interior Carolina Tohá cuestionaron la decisión de realizar estas actividades fuera de Santiago durante un nuevo aniversario del golpe de Estado.

Durante un punto de prensa realizado en la comuna de Corral, Kast habló sobre la fecha y aseguró que recordar lo ocurrido no significa que el país deba quedarse en el pasado. “Así como no puedo borrar la historia, tampoco puedo pedirle a nuestros compatriotas que estemos condenados por nuestra historia a no poder mirar el futuro de nuestra nación”, señaló el presidente mientras continuaba con sus actividades en la región.

Sobre esta postura, Maximiliano Quintral, analista político y académico de la UTEM, declaró sobre la postura del presidente al no realizar un acto oficial:”Es coherente con lo que ha señalado a lo largo de su vida política (…). La argumentación que se da es que hay que superar ciertos espacios históricos de memoria y pensar en el futuro, lo que ha sido siempre el discurso del sector de la derecha en relación a los sucesos del 11 de septiembre”.

Respecto a la estrategia de enviar al comité político fuera de la capital en esta fecha, Quintral analizó: “Divide un poco la pauta informativa, da señales a las regiones que le brindaron apoyo (…) y, comunicacionalmente, marca una distancia frente a los sucesos del 11 de septiembre, evitando que su propio sector político lo cuestione en esta fecha”.

Oposición critica despliegue del Gobierno en regiones

Desde la oposición interpretaron las actividades del mandatario fuera de Santiago como un intento de desmarcarse de la conmemoración. Francisco Saba, presidente de la Juventud Socialista, criticó directamente que el presidente y sus ministros estuvieran desplegados en regiones durante esta jornada: “Si el gobierno cree que es más importante desplegar a todos sus ministros y a su presidente en otras regiones para quitarle el foco a esto, eso no va a suceder. La memoria va a seguir y la vamos a seguir militando”, afirmó.

Además, aseguró que la memoria seguirá presente aunque no sea desde La Moneda: “Y si no es en La Moneda va a ser acá, va a ser en los colegios, va a ser en las universidades, va a ser en los sindicatos, va a ser en los barrios, va a ser en las juntas de vecinos”, señaló 

Las críticas de Tohá y Vodanovic

Por otro lado, Carolina Tohá se refirió a la actividad que Kast realizó durante la mañana en Valdivia, donde el presidente destacó que este 11 de septiembre también se cumplen seis meses desde el inicio de su Gobierno. Para la exministra del Interior, la forma en que se desarrolló la jornada fue una falta de respeto: “es una falta de sensibilidad, es una falta de respeto con todas las personas que sufrieron en esa fecha, pero sobre todo creo que es un error histórico, porque los países que no recuerdan renuncian a aprender de su historia. Y Chile necesita aprender de su historia para no repetirla”.

La presidenta del Partido Socialista y senadora, Paulina Vodanovic, también apuntó a que este 11 de septiembre fuera tomado como un día normal de trabajo, mientras Kast se encontraba desarrollando sus actividades fuera de Santiago. “Será Chile que finalmente juzgue a quienes hoy día pretenden borrar la historia, a quienes creen que hoy día es un día normal de trabajo y que no quieren conmemorar un hecho triste, dramático para todo Chile”, señaló la senadora.

Finalmente, desde la vuelta de la democracia en 1990, los distintos gobiernos habían realizado actividades para conmemorar el 11 de septiembre. La decisión de Kast de mantener su agenda de trabajo en regiones rompe con esa tradición y convierte a este 11 de septiembre en el primero, desde 1990, en que el Gobierno no realiza una conmemoración oficial por el golpe de Estado. 

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Nacional

Michi Bip! vuelve a agotarse tras segunda venta y genera largas filas en estaciones de Metro

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La fiebre por la Michi Bip! no da tregua. La segunda venta de la popular tarjeta Bip! con diseño del gato naranja volvió a generar gran expectación entre los usuarios del Metro de Santiago, con largas filas y ejemplares que se agotaron rápidamente durante la jornada de este miércoles 9 de septiembre.

La nueva partida comenzó a comercializarse desde las 08:00 horas en 15 estaciones de Metro, luego del éxito de la primera edición, que también se agotó en pocas horas.

Largas filas para conseguir la Michi Bip!

La particular tarjeta, que se hizo popular por su diseño inspirado en un gato naranja que representa a un trabajador de la construcción de la futura Línea 7, volvió a convocar a numerosos fanáticos desde las primeras horas de la mañana.

Según registros compartidos por usuarios en redes sociales, algunas estaciones comenzaron a recibir largas filas para adquirir la tarjeta. En Santa Ana, por ejemplo, los ejemplares ya se habían agotado cerca de las 08:50 horas.

Para esta segunda jornada de venta, Metro estableció un máximo de dos tarjetas por persona, con el objetivo de ampliar las posibilidades de acceso a quienes querían conseguir el diseño coleccionable.

¿En qué estaciones se vendió la Michi Bip!?

La segunda venta se realizó en las siguientes 15 estaciones de Metro:

  • Tobalaba
  • Los Leones
  • Baquedano
  • La Moneda
  • San Pablo
  • San Alberto Hurtado
  • Vespucio Norte
  • Santa Ana
  • La Cisterna
  • Quilín
  • Vicente Valdés
  • Plaza de Puente Alto
  • Plaza de Maipú
  • Irarrázaval
  • San Joaquín

El éxito de ambas jornadas demuestra el interés que generó la Michi Bip!, que pasó de ser una tarjeta de transporte a convertirse rápidamente en un objeto coleccionable entre los fanáticos de los gatos y usuarios del Metro.

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Nacional

Kast pide a prófugos que se entreguen para evitar gastar recursos en su búsqueda 

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El Presidente José Antonio Kast llamó a los prófugos de la justicia a entregarse y aseguró que su Gobierno cuenta con un plan para encontrarlos. Además, señaló que mantenerse escondido significa un gasto extra para el gobierno, ya que deben seguir buscándolos. Sin embargo, agregó que tarde o temprano darán con sus paraderos.

Este lunes 7 de septiembre, y en una entrevista para ADN Hoy, el presidente comentó que: “Si usted está prófugo, entréguese, no nos haga gastar más recursos, igual lo vamos a encontrar”. También, afirmó que durante sus primeros meses de mandato han logrado detener a personas que las autoridades buscaban hace años.

Durante la entrevista, Kast no mencionó nombres ni casos específicos, sino que dirigió su llamado a las personas que actualmente se encuentran prófugas de la justicia. Esto incluye a quienes son buscados por las autoridades por tener órdenes de detención pendientes o por haber escapado mientras se encontraban bajo custodia.

Sin embargo, pese a no mencionar nombres ni casos específicos, la Policía de Investigaciones (PDI) mantiene actualmente una lista de los prófugos más buscados del país. Entre ellos aparecen Paulo Alejandro Miranda Hermosilla, Diego Franchesco Torres Gaete, Jimmy Andrés Echeverría Silva y Rafael Adriano Valdés Meza, quienes continúan siendo buscados.

Por otro lado, todas estas declaraciones ocurren pocos días después de la captura de uno de los prófugos más buscados durante este tiempo. Este 1 de septiembre la PDI detuvo a Juan Abdón Flores Valenzuela, conocido como el “Indio Juan”, luego de estar 187 días prófugo de la justicia tras haber escapado de la ex Penitenciaría de Santiago.

El llamado en medio de la agenda de seguridad

Las declaraciones también se dan mientras el Gobierno impulsa su Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo. Entre las propuestas está la creación de una nómina nacional de organizaciones criminales, cambios en las atribuciones policiales y medidas relacionadas con el sistema penitenciario y la incautación de bienes.

Dentro de esta agenda, el Gobierno también presentó en agosto una reforma constitucional para contar con nuevas herramientas frente al crimen organizado y el terrorismo. Esta reforma se suma a los cambios en seguridad que el Gobierno ha presentado durante los últimos meses.

Por ahora, el Gobierno seguirá con la búsqueda de quienes se encuentran prófugos. El llamado de Kast fue a que se entreguen antes de que las autoridades los encuentren.




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Auditoría al gobierno de Boric detecta 1.529 hallazgos y deriva cuatro casos a Fiscalía

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La revisión examinó más de 500 servicios públicos y analizó más de 913 millones de registros. Además, 118 hallazgos en 57 organismos podrían dar paso a sumarios administrativos.

La auditoría al gobierno de Boric detectó 1.529 hallazgos tras revisar información de más de 500 servicios públicos durante el periodo 2022-2026. El proceso también derivó en antecedentes de cuatro organismos al Ministerio Público.

La revisión, denominada “Inspección Total”, comenzó el pasado 11 de marzo y buscó identificar posibles irregularidades, debilidades administrativas y situaciones que requirieran nuevas investigaciones dentro de los organismos estatales.

Para realizar el análisis, los equipos de auditoría interna revisaron más de 913 millones de registros de datos correspondientes a distintas reparticiones públicas.

Auditoría al gobierno de Boric detecta 1.529 hallazgos

El proceso terminó con 1.529 hallazgos de distinta naturaleza y gravedad. Estos corresponden a situaciones que los equipos auditores identificaron durante la revisión de los servicios públicos.

Los resultados no implican necesariamente la existencia de delitos. Los hallazgos pueden corresponder a incumplimientos administrativos, debilidades en procedimientos u otras situaciones que requieren medidas correctivas.

Además, el proceso identificó 26 señales de alerta, que posteriormente dieron paso a 360 programas de auditoría interna.

118 hallazgos podrían terminar en sumarios

Entre los resultados de la revisión, 118 hallazgos correspondientes a 57 servicios públicos cuentan con una recomendación para iniciar sumarios administrativos.

Estos procedimientos permitirán determinar si existen responsabilidades individuales de funcionarios públicos y establecer las medidas que correspondan en cada caso.

Según los antecedentes conocidos, más de 40 de estos sumarios ya habían sido instruidos por los organismos respectivos.

La auditoría busca así establecer qué situaciones requieren correcciones administrativas y cuáles podrían tener consecuencias para quienes resulten eventualmente responsables.

Cuatro organismos quedaron bajo revisión de Fiscalía

Uno de los puntos que generó mayor atención corresponde a los antecedentes enviados al Ministerio Público.

Las autoridades remitieron información relacionada con cuatro organismos para que la Fiscalía determine si los hechos detectados podrían eventualmente constituir delitos.

Las instituciones involucradas son la Subsecretaría de la Mujer, la Dirección del Trabajo, la Subsecretaría de Deportes y la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb).

De acuerdo con antecedentes publicados por BioBioChile, los casos también fueron puestos en conocimiento de la Contraloría General de la República y del Consejo de Defensa del Estado (CDE).

En total, el proceso derivó siete casos a Contraloría, cinco al CDE y cuatro al Ministerio Público.

¿Qué ocurrirá con los antecedentes?

El cierre de la auditoría no significa que los casos hayan terminado. Ahora, cada institución deberá continuar con los procedimientos que correspondan según la naturaleza de los hallazgos.

En los casos enviados al Ministerio Público, será la Fiscalía la que deberá determinar si existen antecedentes suficientes para iniciar investigaciones penales.

Por otra parte, los organismos públicos deberán avanzar en los sumarios administrativos recomendados y aplicar las medidas necesarias para corregir las situaciones detectadas.

Con esto, la auditoría al gobierno de Boric concluye su etapa de revisión y deja una serie de antecedentes que deberán ser analizados por las instituciones competentes.

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