Gobierno ingresa al Congreso reajuste de 3,4% a funcionarios

A tres semanas del acuerdo entre el Gobierno y la Mesa del Sector Público, el Ejecutivo ingresó al Congreso un proyecto que propone un reajuste salarial para los funcionarios estatales y una batería de medidas misceláneas que, según el texto, implican un mayor gasto público para este año. La iniciativa vuelve a situar en el centro del debate al Congreso, la oposición y la discusión sobre contratas y gasto fiscal.

El proyecto, de 167 páginas, establece un reajuste nominal del 3,4% en las remuneraciones del sector público, dividido en dos tramos: “2% a contar del primero de diciembre” y “1,4% a partir del primero de junio de este año”, según el propio texto. El Ejecutivo estima un costo fiscal de “US$ 1.775 millones para este año”, además de “US$ 1.274 millones el próximo año” y “US$ 1.267 millones en régimen”.

En materia de beneficios, la iniciativa reajusta el aguinaldo de Navidad a “$71.206 para quienes perciban hasta $1.060.493 líquidos mensuales” y “$37.666 para quienes ganen más de ese monto y que no excedan los $3.511.800 mensuales”. El aguinaldo de Fiestas Patrias se fija en “$91.682 para quienes reciban menos de $1.060.493 líquidos” y “$63.645 para quienes superen dicho umbral y no perciban más de $3.511.800”. También se incorporan ajustes a bonos de escolaridad, aportes para servicios de bienestar, bono de vacaciones, bono de invierno para pensionados y una bonificación de nivelación para alcanzar la remuneración mínima.

Uno de los puntos que generó mayor rechazo de la oposición son las normas sobre la no renovación de contratos a contrata. El proyecto exige que la no renovación o la renovación en condiciones distintas “debe formalizarse mediante un acto administrativo que exprese los fundamentos de hechos y de derecho que informan la decisión, sustentado en criterios ‘objetivos y suficientemente acreditados'”, según el texto. La iniciativa obliga además a la notificación íntegra y oportuna del acto y su remisión a la Contraloría para registro, y reconoce que quienes tengan “al menos dos años de servicios continuos a contrata” podrán reclamar por vicios de legalidad.

La oposición calificó estas disposiciones como un posible “amarre” al Gobierno entrante por establecer condiciones de salida para trabajadores a contrata en plena transición, según consignó la presentación del proyecto al Congreso.

El proyecto también ordena que los asesores de gabinete “deberán presentar su renuncia a más tardar durante febrero y hacerse efectiva a partir del 11 de marzo”. En ese sentido, la propuesta del Ejecutivo advierte que “si ello no ocurre, el cese se concretará mediante la petición de renuncia de la autoridad que efectuó la designación, produciéndose igualmente el término de sus funciones, por el solo ministerio de la ley, desde esa fecha”. La norma no será aplicable a los altos directivos públicos y su personal asesor, ni a personal contratado antes del 11 de marzo de 2022.

Entre otras medidas misceláneas, la iniciativa posterga el reavalúo de propiedades habitacionales hasta 2027 y el reavalúo agrícola hasta 2028; establece un plazo especial para solicitar la rebaja del impuesto territorial sobre predios ocupados; y amplía el giro de empresas estatales, permitiendo que Correos de Chile incursionen en logística y que ENAP tenga actividades relacionadas con el hidrógeno verde.

También se prorroga el teletrabajo hasta 2028 para instituciones de educación superior estatales, gobiernos regionales, entidades del Gobierno Central y el Consejo Fiscal Autónomo. En lo laboral, el texto precisa que “no se puede suspender el pago de asignaciones o exigir reintegros a los directorios de asociaciones de funcionarios por hacer uso de permisos” y establece que las asambleas de esas agrupaciones se realizarán “preferentemente” fuera de horario laboral.

La iniciativa introduce excepciones a la norma que fija el retiro obligatorio de funcionarios a los 75 años, permitiendo que estas personas puedan desempeñar cargos afectos al Sistema de Alta Dirección Pública y otros cargos de alta responsabilidad. Además, armoniza normas relacionadas con la jornada de 40 horas, manteniendo remuneraciones y beneficios para quienes están en jornadas de 44 o 45 horas. Se crean nuevos cargos directivos de planta en el Instituto de Previsión Social (IPS) y se actualizan plantas directivas en oficinas regionales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, aunque el proyecto no incorpora otras modificaciones que Hacienda había planteado previamente a asesores parlamentarios.

Otras normas incluidas son la exención del impuesto verde para vehículos de la PDI; la extensión del Fondo de Emergencia Transitorio para la Reconstrucción de Valparaíso hasta 2028; la autorización para que médicos cirujanos exentos del Eunacom puedan emitir licencias médicas; y la regulación para que mutualidades de empleadores presten atención médica a terceros.

La iniciativa, ingresada oficialmente al Congreso, seguirá su tramitación parlamentaria, con debates y votaciones que definirán su alcance final y su impacto en las cuentas públicas y en los trabajadores del Estado. Para la ciudadanía, el proyecto implica tanto un aumento de gasto por el reajuste como cambios en la regulación de contratas y beneficios que afectarán a miles de funcionarios.

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