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Nacional

Gobierno ingresa al Congreso reajuste de 3,4% a funcionarios

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A tres semanas del acuerdo entre el Gobierno y la Mesa del Sector Público, el Ejecutivo ingresó al Congreso un proyecto que propone un reajuste salarial para los funcionarios estatales y una batería de medidas misceláneas que, según el texto, implican un mayor gasto público para este año. La iniciativa vuelve a situar en el centro del debate al Congreso, la oposición y la discusión sobre contratas y gasto fiscal.

El proyecto, de 167 páginas, establece un reajuste nominal del 3,4% en las remuneraciones del sector público, dividido en dos tramos: “2% a contar del primero de diciembre” y “1,4% a partir del primero de junio de este año”, según el propio texto. El Ejecutivo estima un costo fiscal de “US$ 1.775 millones para este año”, además de “US$ 1.274 millones el próximo año” y “US$ 1.267 millones en régimen”.

En materia de beneficios, la iniciativa reajusta el aguinaldo de Navidad a “$71.206 para quienes perciban hasta $1.060.493 líquidos mensuales” y “$37.666 para quienes ganen más de ese monto y que no excedan los $3.511.800 mensuales”. El aguinaldo de Fiestas Patrias se fija en “$91.682 para quienes reciban menos de $1.060.493 líquidos” y “$63.645 para quienes superen dicho umbral y no perciban más de $3.511.800”. También se incorporan ajustes a bonos de escolaridad, aportes para servicios de bienestar, bono de vacaciones, bono de invierno para pensionados y una bonificación de nivelación para alcanzar la remuneración mínima.

Uno de los puntos que generó mayor rechazo de la oposición son las normas sobre la no renovación de contratos a contrata. El proyecto exige que la no renovación o la renovación en condiciones distintas “debe formalizarse mediante un acto administrativo que exprese los fundamentos de hechos y de derecho que informan la decisión, sustentado en criterios ‘objetivos y suficientemente acreditados'”, según el texto. La iniciativa obliga además a la notificación íntegra y oportuna del acto y su remisión a la Contraloría para registro, y reconoce que quienes tengan “al menos dos años de servicios continuos a contrata” podrán reclamar por vicios de legalidad.

La oposición calificó estas disposiciones como un posible “amarre” al Gobierno entrante por establecer condiciones de salida para trabajadores a contrata en plena transición, según consignó la presentación del proyecto al Congreso.

El proyecto también ordena que los asesores de gabinete “deberán presentar su renuncia a más tardar durante febrero y hacerse efectiva a partir del 11 de marzo”. En ese sentido, la propuesta del Ejecutivo advierte que “si ello no ocurre, el cese se concretará mediante la petición de renuncia de la autoridad que efectuó la designación, produciéndose igualmente el término de sus funciones, por el solo ministerio de la ley, desde esa fecha”. La norma no será aplicable a los altos directivos públicos y su personal asesor, ni a personal contratado antes del 11 de marzo de 2022.

Entre otras medidas misceláneas, la iniciativa posterga el reavalúo de propiedades habitacionales hasta 2027 y el reavalúo agrícola hasta 2028; establece un plazo especial para solicitar la rebaja del impuesto territorial sobre predios ocupados; y amplía el giro de empresas estatales, permitiendo que Correos de Chile incursionen en logística y que ENAP tenga actividades relacionadas con el hidrógeno verde.

También se prorroga el teletrabajo hasta 2028 para instituciones de educación superior estatales, gobiernos regionales, entidades del Gobierno Central y el Consejo Fiscal Autónomo. En lo laboral, el texto precisa que “no se puede suspender el pago de asignaciones o exigir reintegros a los directorios de asociaciones de funcionarios por hacer uso de permisos” y establece que las asambleas de esas agrupaciones se realizarán “preferentemente” fuera de horario laboral.

La iniciativa introduce excepciones a la norma que fija el retiro obligatorio de funcionarios a los 75 años, permitiendo que estas personas puedan desempeñar cargos afectos al Sistema de Alta Dirección Pública y otros cargos de alta responsabilidad. Además, armoniza normas relacionadas con la jornada de 40 horas, manteniendo remuneraciones y beneficios para quienes están en jornadas de 44 o 45 horas. Se crean nuevos cargos directivos de planta en el Instituto de Previsión Social (IPS) y se actualizan plantas directivas en oficinas regionales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, aunque el proyecto no incorpora otras modificaciones que Hacienda había planteado previamente a asesores parlamentarios.

Otras normas incluidas son la exención del impuesto verde para vehículos de la PDI; la extensión del Fondo de Emergencia Transitorio para la Reconstrucción de Valparaíso hasta 2028; la autorización para que médicos cirujanos exentos del Eunacom puedan emitir licencias médicas; y la regulación para que mutualidades de empleadores presten atención médica a terceros.

La iniciativa, ingresada oficialmente al Congreso, seguirá su tramitación parlamentaria, con debates y votaciones que definirán su alcance final y su impacto en las cuentas públicas y en los trabajadores del Estado. Para la ciudadanía, el proyecto implica tanto un aumento de gasto por el reajuste como cambios en la regulación de contratas y beneficios que afectarán a miles de funcionarios.

Sigue nuestra cobertura política en portalnacional.cl para seguir la tramitación y las reacciones del Congreso, el Gobierno y la oposición.

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Nacional

“Toma VIP” de Pucón: Corte Suprema ratifica demolición y revelan cómo propietarios evitaban fiscalizaciones

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Las construcciones se encuentran en un humedal protegido del delta del río Trancura, en el lago Villarrica. Según una integrante del Movimiento Ambiental Intercultural, algunos propietarios instalaban ruedas en las viviendas para simular que eran casas rodantes y evitar controles municipales.

La denominada “Toma VIP” de Pucón, en la Región de La Araucanía, deberá enfrentar la demolición de construcciones que no cuentan con los permisos correspondientes y que se encuentran en el humedal protegido del delta del río Trancura, luego de que la Corte Suprema ratificara la medida.

El caso volvió a generar atención después de que Jimena Sanhueza, integrante del Movimiento Ambiental Intercultural (MAI), revelara que algunos propietarios habrían utilizado ruedas en las viviendas para hacerlas parecer casas rodantes y así evitar las fiscalizaciones.

¿Por qué se ordenó la demolición?

La controversia se relaciona con construcciones emplazadas en una zona de protección ambiental del lago Villarrica. Según explicó Sanhueza, el nombre “Toma VIP” se utiliza porque, de acuerdo con su denuncia, los propietarios ocupan una franja fiscal, aunque sostengan que se encuentran en terrenos privados.

La representante del MAI también señaló que se han realizado diversas intervenciones en el humedal, entre ellas drenajes y extracción de áridos para rellenar el terreno.

Además, advirtió sobre los posibles efectos ambientales de las descargas de fosas sépticas de las propiedades, debido a la contaminación que podrían generar en el ecosistema del lago Villarrica.

Otro de los riesgos mencionados por Sanhueza corresponde a una eventual erupción volcánica, considerando las características del sector y las condiciones de habitabilidad de las construcciones.

Viviendas con ruedas para evitar fiscalizaciones

Uno de los antecedentes que llamó la atención fue la forma en que, según relató Sanhueza, algunos propietarios habrían intentado evitar los controles municipales.

La entrevistada explicó que el terreno contaba con autorización para instalar 10 sitios destinados a casas rodantes. Sin embargo, aseguró que algunas construcciones comenzaron a levantarse como viviendas pequeñas y que posteriormente les incorporaban ruedas para simular que eran vehículos habitacionales.

“Tienen ingenio”, comentó Sanhueza al referirse a esta práctica.

La integrante del movimiento ambiental también indicó que las denuncias por intervenciones en el humedal han sido complejas, ya que muchas veces es necesario encontrar a los responsables realizando las acciones en el lugar para poder acreditar las infracciones.

Propietarios tendrían 45 días para retirar las construcciones

Tras la resolución de la Corte Suprema, Sanhueza indicó que los propietarios habrían manifestado su intención de retirar voluntariamente las construcciones dentro de un plazo de 45 días.

De concretarse esta medida, se avanzaría en el cumplimiento de la orden judicial que ratificó la demolición de las edificaciones cuestionadas.

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Nacional

Carabinero fallece tras recibir un disparo al interior de comisaría en Maipú: investigan lo ocurrido

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El funcionario murió la tarde de este domingo en la 25ª Comisaría de Maipú. Según informó Carabineros, el arma de fuego se habría accionado accidentalmente. La institución inició un sumario administrativo y la Fiscalía Militar quedó a cargo de la investigación penal.

Un funcionario de Carabineros falleció la tarde de este domingo 1 de noviembre tras recibir un disparo al interior de la 25ª Comisaría de Maipú, en la Región Metropolitana.

De acuerdo con un comunicado de la Prefectura Santiago Rinconada, el uniformado sufrió una lesión provocada por un arma de fuego que se habría accionado accidentalmente. Sin embargo, las circunstancias en que ocurrió el hecho todavía son materia de investigación.

Investigación por muerte de funcionario en Maipú

Tras lo ocurrido, Carabineros dispuso la apertura de un sumario administrativo para establecer las eventuales responsabilidades individuales relacionadas con el fallecimiento.

En paralelo, los antecedentes fueron puestos a disposición de la Fiscalía Militar, organismo que estará a cargo de desarrollar la investigación penal y esclarecer cómo se produjo el disparo.

A través de su declaración, la institución policial lamentó la muerte del funcionario y expresó sus condolencias a sus familiares, compañeros y cercanos.

Asimismo, Carabineros manifestó su disposición a colaborar con las instancias investigativas correspondientes.

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Nacional

Cadem: aprobación de José Antonio Kast cae al 26% y registra su nivel más bajo desde que asumió

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La desaprobación del Presidente llegó al 69%, según la última encuesta Plaza Pública de Cadem. El sondeo también reveló que un 70% está en desacuerdo con la continuidad de Fernando Rabat como ministro de Justicia, en medio de la controversia por las rebajas de condenas.

La aprobación del Presidente José Antonio Kast cayó al 26%, alcanzando su nivel más bajo desde el inicio de su gobierno, de acuerdo con la última edición de la encuesta Plaza Pública de Cadem, correspondiente a la última semana de octubre.

El sondeo, cuyo trabajo de campo se realizó el viernes 30 de octubre, mostró una disminución de tres puntos porcentuales en el respaldo al Mandatario respecto de la medición anterior. En paralelo, su desaprobación aumentó tres puntos y llegó al 69%, mientras que un 5% no respondió.

Los resultados se conocen en medio de la controversia por las rebajas de condenas otorgadas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad, situación que ha generado cuestionamientos al ministro de Justicia, Fernando Rabat, y motivó la presentación de una acusación constitucional en su contra.

Aprobación presidencial registra caída durante octubre

La tendencia también se refleja en el promedio mensual de las mediciones de Cadem. Durante octubre, la aprobación de Kast se situó en un 30%, cinco puntos porcentuales menos que en septiembre. Por su parte, la desaprobación pasó del 60% al 65% en el mismo período.

Desde la primera medición de su gobierno, realizada en marzo, cuando registraba un 57% de aprobación, el respaldo al Presidente ha disminuido 31 puntos porcentuales.

La caída también se observa entre quienes votaron por Kast en la segunda vuelta presidencial de 2025. Según el desglose mensual de la encuesta, en ese grupo la aprobación pasó del 69% en septiembre al 59% en octubre, lo que representa una baja de 10 puntos.

70% rechaza que Fernando Rabat continúe como ministro

La encuesta también consultó sobre la decisión del Presidente de mantener a Fernando Rabat al frente del Ministerio de Justicia, pese a la polémica por las rebajas de condenas.

Al respecto, un 70% de las personas encuestadas manifestó estar en desacuerdo con la continuidad del secretario de Estado, seis puntos más que en la medición del 27 de octubre. En contraste, un 22% respaldó la decisión presidencial, cinco puntos menos.

Asimismo, un 78% desaprobó la gestión de Rabat frente a la controversia, mientras que un 14% manifestó su aprobación.

Entre otros resultados, un 77% consideró que el ministro conocía los posibles riesgos y consecuencias políticas de las rebajas de condenas.

Además, un 81% estimó que Rabat debió considerar tanto el criterio jurídico como las consecuencias políticas y sociales de su decisión. En cambio, un 12% respaldó que se privilegiara la aplicación de la ley, independientemente de sus efectos políticos.

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Economía

Paro de camioneros en San Antonio enfrenta jornada clave: gremio advierte que movilización continuará si no hay acuerdo

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La paralización de los camioneros independientes cumple su segunda jornada en el puerto de San Antonio. Este viernes se espera una nueva reunión con autoridades y representantes del sector, mientras los transportistas exigen mayor transparencia en las tarifas y que los generadores de carga asuman los costos correspondientes.

El paro de camioneros independientes en el puerto de San Antonio, en la región de Valparaíso, continúa este viernes 30 de octubre en su segunda jornada, en medio de las gestiones del Gobierno para intentar destrabar el conflicto.

La movilización está marcada por las expectativas de una nueva instancia de diálogo entre los transportistas, las autoridades y los representantes de las empresas involucradas.

Según explicó Manuel Araya, dirigente de la agrupación de camioneros independientes, el gremio ya sostuvo una primera reunión con la delegada presidencial provincial y el subsecretario de Economía. Posteriormente, este último se reunió con los gerentes de distintos depósitos de San Antonio.

¿Qué exigen los camioneros independientes?

Araya aclaró que el conflicto no es directamente con el Gobierno, sino con los generadores de carga, a quienes los transportistas exigen asumir el traspaso de los costos.

Entre las principales demandas se encuentra avanzar hacia una mayor transparencia en las tarifas que se pagan en San Antonio, especialmente para los pequeños transportistas.

Pese a las gestiones realizadas, el dirigente aseguró que todavía no han retomado las conversaciones con las empresas involucradas ni han recibido comunicaciones de estas. Además, indicó que una reunión con la empresa DIC, que estaba prevista para el jueves, finalmente fue suspendida.

Nueva reunión definirá continuidad de la movilización

Para este viernes está prevista una nueva reunión entre las 15:00 y las 16:00 horas, instancia en la que se espera la participación del presidente nacional de los camioneros, Juan Araya, quien ya cuenta con el tarifado, las cartas y las peticiones del gremio.

Los transportistas esperan que las conversaciones permitan alcanzar un acuerdo. Sin embargo, Manuel Araya advirtió que, si no se llega a una solución, continuarán los bloqueos en los distintos generadores de carga.

“Llegamos a buen puerto o la paralización sigue”, sostuvo el dirigente.

Finalmente, agradeció a los conductores y propietarios de camiones que se mantienen movilizados y destacó que, hasta el momento de sus declaraciones, no se habían registrado inconvenientes con Carabineros durante la paralización.

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