Nacional
Proyecto de Gobierno que blinda a contrata divide al Congreso
Publicado
10 meses atrásEl protocolo firmado por el Gobierno que incluye un reajuste de 3,4% para 2026 y una norma que protege a funcionarios a contrata elevó el debate político sobre el empleo público y su impacto fiscal, con críticas desde la oposición y advertencias sobre la ausencia de un informe de costos para el Congreso.
El miércoles, los ministros de Hacienda, Nicolás Grau, y del Trabajo, Giorgio Boccardo, suscribieron un protocolo de acuerdo con organizaciones sindicales del sector público que fija un reajuste de 3,4% para 2026; la ANEF no firmó por considerarlo insuficiente. El punto más controvertido del documento es el número 14, que establece incluir en el proyecto de ley de reajuste un impedimento para que los funcionarios a contrata sean despedidos o se les cambien condiciones laborales por invocar solo “necesidades del servicio”.
El protocolo también exige que cualquier desvinculación se haga mediante “un acto administrativo, con hechos y fundamentos de derecho, sustentado en criterios objetivos y acreditables”, notifique al funcionario con 30 días de antelación, le otorgue facilidades para hacer uso de su feriado legal e informe a la Contraloría. Además, se establece que quienes tengan dos años o más de servicio continuo podrán reclamar por ilegalidad ante Contraloría.
Economistas y expertos han cuestionado que la medida se incluya en el reajuste salarial y no en una reforma al empleo público. “Dado que el acuerdo está suscrito por Hacienda, habría sido útil que se pusiera un informe técnico que indicara el alcance del acuerdo y los costos hacia adelante”, afirmó David Bravo, director del Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales. El informe financiero del proyecto de ley, según la fuente, solo se conocerá una vez que el Gobierno presente el documento en el Congreso.
Sobre el alcance, el acuerdo considera a funcionarios a contrata de subsecretarías, servicios públicos dependientes de ministerios, delegaciones presidenciales, universidades estatales y municipalidades. En el Gobierno Central hay 534.807 personas contratadas, de las cuales 294.145 registran estatus de contrata; a ese total se suman 245.000 funcionarios de planta. Según David Bravo, el acuerdo “rigidiza el estatus de contrata de casi 380 mil personas que están en el sector público”.
La iniciativa reavivó la discusión jurídica en torno a la llamada “confianza legítima”. El excontralor Jorge Bermúdez impulsó una interpretación que dificulta las desvinculaciones cuando un trabajador a contrata acumula años en el Estado; frente a ello, la contralora Dorothy Pérez “dictaminó que los casos de confianza legítima eran una materia de disputa jurídica que les corresponde resolver al Poder Judicial”. Fallos de la Corte Suprema han vinculado la protección a plazos como cinco años, aunque no existe una normativa única; el acuerdo gubernamental menciona el umbral de dos años.
La oposición y actores municipales criticaron la medida. El presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Gustavo Alessandri, calificó la iniciativa de “irracional” y señaló que afectará “la calidad de los servicios”. El senador electo Arturo Squella (Partido Republicano) advirtió que el acuerdo “dinamita la confianza entre el gobierno entrante y el saliente y va contra las señales de acercamiento” después de las elecciones. Por su parte, José Antonio Kast afirmó: “Si alguien quiere amarrarse a un cargo que se cuide”, en referencia a posibles usos políticos del mecanismo.
Desde el oficialismo también hubo fricción. El diputado PS Marcos Ilabaca expresó su rechazo: “No creo que sea correcto en este proceso tratar de ponerle cortapisas al Gobierno que viene respecto a facultades que en derecho ellos poseen. Veo muy difícil que a través de este acuerdo se logren establecer requisitos adicionales a lo que el propio Estatuto Administrativo y la legalidad hoy día presenta.” La medida fue respaldada por el Frente Amplio, según la fuente.
El Gobierno ha defendido el acuerdo argumentando que no se trata de un “amarre” y que la intención es “evitar despidos arbitrarios” y responder a un antiguo anhelo de los funcionarios públicos, según vocerías de Grau y Vallejo. Críticos señalan que un cambio de esta envergadura debería tramitarse en el marco de una reforma al Estatuto Administrativo y no integrarse al proyecto de reajuste, como ha ocurrido en iniciativas anteriores.
Entre las consecuencias políticas inmediatas, se menciona que el acuerdo podría complicar las metas del gobierno entrante respecto a recortes al aparato público. Como ejemplo de designaciones recientes, el Ejecutivo nombró a Patricia Muñoz como primera directora del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas, pese a que deberá permanecer al menos seis meses con licencia por embarazo.

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Nacional
“Toma VIP” de Pucón: Corte Suprema ratifica demolición y revelan cómo propietarios evitaban fiscalizaciones
Publicado
17 horas atrás Noviembre 2, 2026Por
Angela Mallea
Las construcciones se encuentran en un humedal protegido del delta del río Trancura, en el lago Villarrica. Según una integrante del Movimiento Ambiental Intercultural, algunos propietarios instalaban ruedas en las viviendas para simular que eran casas rodantes y evitar controles municipales.
La denominada “Toma VIP” de Pucón, en la Región de La Araucanía, deberá enfrentar la demolición de construcciones que no cuentan con los permisos correspondientes y que se encuentran en el humedal protegido del delta del río Trancura, luego de que la Corte Suprema ratificara la medida.
El caso volvió a generar atención después de que Jimena Sanhueza, integrante del Movimiento Ambiental Intercultural (MAI), revelara que algunos propietarios habrían utilizado ruedas en las viviendas para hacerlas parecer casas rodantes y así evitar las fiscalizaciones.
¿Por qué se ordenó la demolición?
La controversia se relaciona con construcciones emplazadas en una zona de protección ambiental del lago Villarrica. Según explicó Sanhueza, el nombre “Toma VIP” se utiliza porque, de acuerdo con su denuncia, los propietarios ocupan una franja fiscal, aunque sostengan que se encuentran en terrenos privados.
La representante del MAI también señaló que se han realizado diversas intervenciones en el humedal, entre ellas drenajes y extracción de áridos para rellenar el terreno.
Además, advirtió sobre los posibles efectos ambientales de las descargas de fosas sépticas de las propiedades, debido a la contaminación que podrían generar en el ecosistema del lago Villarrica.
Otro de los riesgos mencionados por Sanhueza corresponde a una eventual erupción volcánica, considerando las características del sector y las condiciones de habitabilidad de las construcciones.
Viviendas con ruedas para evitar fiscalizaciones
Uno de los antecedentes que llamó la atención fue la forma en que, según relató Sanhueza, algunos propietarios habrían intentado evitar los controles municipales.
La entrevistada explicó que el terreno contaba con autorización para instalar 10 sitios destinados a casas rodantes. Sin embargo, aseguró que algunas construcciones comenzaron a levantarse como viviendas pequeñas y que posteriormente les incorporaban ruedas para simular que eran vehículos habitacionales.
“Tienen ingenio”, comentó Sanhueza al referirse a esta práctica.
La integrante del movimiento ambiental también indicó que las denuncias por intervenciones en el humedal han sido complejas, ya que muchas veces es necesario encontrar a los responsables realizando las acciones en el lugar para poder acreditar las infracciones.
Propietarios tendrían 45 días para retirar las construcciones
Tras la resolución de la Corte Suprema, Sanhueza indicó que los propietarios habrían manifestado su intención de retirar voluntariamente las construcciones dentro de un plazo de 45 días.
De concretarse esta medida, se avanzaría en el cumplimiento de la orden judicial que ratificó la demolición de las edificaciones cuestionadas.
Nacional
Carabinero fallece tras recibir un disparo al interior de comisaría en Maipú: investigan lo ocurrido
Publicado
17 horas atrás Noviembre 2, 2026Por
Angela Mallea
El funcionario murió la tarde de este domingo en la 25ª Comisaría de Maipú. Según informó Carabineros, el arma de fuego se habría accionado accidentalmente. La institución inició un sumario administrativo y la Fiscalía Militar quedó a cargo de la investigación penal.
Un funcionario de Carabineros falleció la tarde de este domingo 1 de noviembre tras recibir un disparo al interior de la 25ª Comisaría de Maipú, en la Región Metropolitana.
De acuerdo con un comunicado de la Prefectura Santiago Rinconada, el uniformado sufrió una lesión provocada por un arma de fuego que se habría accionado accidentalmente. Sin embargo, las circunstancias en que ocurrió el hecho todavía son materia de investigación.
Investigación por muerte de funcionario en Maipú
Tras lo ocurrido, Carabineros dispuso la apertura de un sumario administrativo para establecer las eventuales responsabilidades individuales relacionadas con el fallecimiento.
En paralelo, los antecedentes fueron puestos a disposición de la Fiscalía Militar, organismo que estará a cargo de desarrollar la investigación penal y esclarecer cómo se produjo el disparo.
A través de su declaración, la institución policial lamentó la muerte del funcionario y expresó sus condolencias a sus familiares, compañeros y cercanos.
Asimismo, Carabineros manifestó su disposición a colaborar con las instancias investigativas correspondientes.
Nacional
Cadem: aprobación de José Antonio Kast cae al 26% y registra su nivel más bajo desde que asumió
Publicado
17 horas atrás Noviembre 2, 2026Por
Angela Mallea
La desaprobación del Presidente llegó al 69%, según la última encuesta Plaza Pública de Cadem. El sondeo también reveló que un 70% está en desacuerdo con la continuidad de Fernando Rabat como ministro de Justicia, en medio de la controversia por las rebajas de condenas.
La aprobación del Presidente José Antonio Kast cayó al 26%, alcanzando su nivel más bajo desde el inicio de su gobierno, de acuerdo con la última edición de la encuesta Plaza Pública de Cadem, correspondiente a la última semana de octubre.
El sondeo, cuyo trabajo de campo se realizó el viernes 30 de octubre, mostró una disminución de tres puntos porcentuales en el respaldo al Mandatario respecto de la medición anterior. En paralelo, su desaprobación aumentó tres puntos y llegó al 69%, mientras que un 5% no respondió.
Los resultados se conocen en medio de la controversia por las rebajas de condenas otorgadas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad, situación que ha generado cuestionamientos al ministro de Justicia, Fernando Rabat, y motivó la presentación de una acusación constitucional en su contra.
Aprobación presidencial registra caída durante octubre
La tendencia también se refleja en el promedio mensual de las mediciones de Cadem. Durante octubre, la aprobación de Kast se situó en un 30%, cinco puntos porcentuales menos que en septiembre. Por su parte, la desaprobación pasó del 60% al 65% en el mismo período.
Desde la primera medición de su gobierno, realizada en marzo, cuando registraba un 57% de aprobación, el respaldo al Presidente ha disminuido 31 puntos porcentuales.
La caída también se observa entre quienes votaron por Kast en la segunda vuelta presidencial de 2025. Según el desglose mensual de la encuesta, en ese grupo la aprobación pasó del 69% en septiembre al 59% en octubre, lo que representa una baja de 10 puntos.
70% rechaza que Fernando Rabat continúe como ministro
La encuesta también consultó sobre la decisión del Presidente de mantener a Fernando Rabat al frente del Ministerio de Justicia, pese a la polémica por las rebajas de condenas.
Al respecto, un 70% de las personas encuestadas manifestó estar en desacuerdo con la continuidad del secretario de Estado, seis puntos más que en la medición del 27 de octubre. En contraste, un 22% respaldó la decisión presidencial, cinco puntos menos.
Asimismo, un 78% desaprobó la gestión de Rabat frente a la controversia, mientras que un 14% manifestó su aprobación.
Entre otros resultados, un 77% consideró que el ministro conocía los posibles riesgos y consecuencias políticas de las rebajas de condenas.
Además, un 81% estimó que Rabat debió considerar tanto el criterio jurídico como las consecuencias políticas y sociales de su decisión. En cambio, un 12% respaldó que se privilegiara la aplicación de la ley, independientemente de sus efectos políticos.
Economía
Paro de camioneros en San Antonio enfrenta jornada clave: gremio advierte que movilización continuará si no hay acuerdo
Publicado
3 días atrás Octubre 30, 2026Por
Angela Mallea
La paralización de los camioneros independientes cumple su segunda jornada en el puerto de San Antonio. Este viernes se espera una nueva reunión con autoridades y representantes del sector, mientras los transportistas exigen mayor transparencia en las tarifas y que los generadores de carga asuman los costos correspondientes.
El paro de camioneros independientes en el puerto de San Antonio, en la región de Valparaíso, continúa este viernes 30 de octubre en su segunda jornada, en medio de las gestiones del Gobierno para intentar destrabar el conflicto.
La movilización está marcada por las expectativas de una nueva instancia de diálogo entre los transportistas, las autoridades y los representantes de las empresas involucradas.
Según explicó Manuel Araya, dirigente de la agrupación de camioneros independientes, el gremio ya sostuvo una primera reunión con la delegada presidencial provincial y el subsecretario de Economía. Posteriormente, este último se reunió con los gerentes de distintos depósitos de San Antonio.
¿Qué exigen los camioneros independientes?
Araya aclaró que el conflicto no es directamente con el Gobierno, sino con los generadores de carga, a quienes los transportistas exigen asumir el traspaso de los costos.
Entre las principales demandas se encuentra avanzar hacia una mayor transparencia en las tarifas que se pagan en San Antonio, especialmente para los pequeños transportistas.
Pese a las gestiones realizadas, el dirigente aseguró que todavía no han retomado las conversaciones con las empresas involucradas ni han recibido comunicaciones de estas. Además, indicó que una reunión con la empresa DIC, que estaba prevista para el jueves, finalmente fue suspendida.
Nueva reunión definirá continuidad de la movilización
Para este viernes está prevista una nueva reunión entre las 15:00 y las 16:00 horas, instancia en la que se espera la participación del presidente nacional de los camioneros, Juan Araya, quien ya cuenta con el tarifado, las cartas y las peticiones del gremio.
Los transportistas esperan que las conversaciones permitan alcanzar un acuerdo. Sin embargo, Manuel Araya advirtió que, si no se llega a una solución, continuarán los bloqueos en los distintos generadores de carga.
“Llegamos a buen puerto o la paralización sigue”, sostuvo el dirigente.
Finalmente, agradeció a los conductores y propietarios de camiones que se mantienen movilizados y destacó que, hasta el momento de sus declaraciones, no se habían registrado inconvenientes con Carabineros durante la paralización.

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