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Sueldos de exuniformados en el Congreso superan al de Kast

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El próximo 11 de marzo, además del cambio de Gobierno, al Congreso llegarán diez exuniformados cuyos ingresos podrían elevarse por la suma de la dieta parlamentaria y pensiones institucionales, lo que reaviva el debate sobre remuneraciones públicas y su impacto en la política chilena.

Diez exintegrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden —del Ejército, la Armada o Carabineros— asumirá cargos en el Parlamento o en la administración pública a partir del 11 de marzo, cuando también tomen posesión 79 diputados y 19 senadores, en paralelo al cambio de administración en La Moneda.

Entre quienes debutan en el Congreso figura el exgeneral de Carabineros Enrique Bassaletti, que asumirá como diputado por el distrito 8 con cupo del Partido Republicano. También ingresan al Parlamento Cristián Vial, electo senador por la Región del Maule; el excarabinero Sebastián Zamora, diputado por el distrito 7; y Hans Marowski, diputado por el distrito 10 por el Partido Nacional Libertario. Además, varios exmilitares y expolicías que ya tenían experiencia parlamentaria repetirán período, como los diputados Luis Pardo, Miguel Becker y Daniel Lilayú.

El posible incremento de ingresos se explica por la combinación de la dieta parlamentaria con pensiones militares o policiales. En ese sentido, “La Segunda señala que ‘la dieta bruta de un parlamentario alcanza $7.300.000′”. Por su parte, “de acuerdo con antecedentes publicados por el medio Contrapoder, Vial y Bassaletti recibirían pensiones brutas que ‘rondan los $5.100.000 y $5.400.000, respectivamente'”, lo que, según esa estimación, haría que “sus ingresos totales superarían los $12 millones mensuales”, cifra que se ubicaría por encima del sueldo del presidente electo José Antonio Kast, que “está estimado en cerca de $11 millones”, según la misma cobertura.

La discusión no se limita al Congreso. Según el mismo análisis, otros cargos en la futura administración también podrían combinar remuneración pública y pensiones institucionales. Por ejemplo, los independientes Rodrigo Álvarez y Christian Bolívar, proyectados como subsecretarios en Defensa, “recibirían su sueldo como autoridades —cercano a $7 millones brutos— además de las pensiones que perciben por su trayectoria institucional, lo que elevaría sus ingresos totales por sobre los $10 millones mensuales”, indica el reporte. Asimismo, la designación de Alberto Soto como comisionado para la Macrozona Norte podría derivar, en caso de equipararse su remuneración a la de los delegados presidenciales, en ingresos que “podrían situarse por sobre los $15 millones mensuales” cuando se combine su sueldo con pensiones, según las estimaciones publicadas.

El arribo de exuniformados a cargos políticos plantea, además de un cambio de rol desde las instituciones hacia la administración pública, interrogantes sobre la transparencia y equidad en la percepción de haberes estatales cuando se suman pensiones institucionales. Los cálculos difundidos por medios nacionales alimentan un debate que podría tener implicancias en la agenda del Congreso y en la percepción ciudadana sobre la austeridad y el gasto público.

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Nacional

Kast opta por las regiones en un 11 de septiembre sin acto oficial en La Moneda

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Kast realizó actividades en Valdivia, Corral, Máfil y San José de la Mariquina durante este 11 de septiembre, una decisión que generó críticas desde la oposición

Por: Manuel Soto y Daniel Valenzuela

A 53 años del Golpe de Estado y en el primer 11 de septiembre de José Antonio Kast como presidente, el mandatario marcó una diferencia con sus antecesores al no realizar un acto oficial en La Moneda y optar por una agenda de actividades por el país junto a su gabinete.

En paralelo, el expresidente Gabriel Boric asistió este viernes, junto con ex ministros de su Gobierno y figuras de la oposición, a la actividad realizada en el mausoleo de Salvador Allende, en el Cementerio General. 

La decisión marca una ruptura con la tradición republicana. Incluso el expresidente Sebastián Piñera, durante sus dos mandatos, realizó actos formales en el Palacio de La Moneda con una postura marcada por la reflexión, el reconocimiento del quiebre de la democracia y la condena a las violaciones a los derechos humanos. 

La respuesta del presidente

La decisión del Gobierno de mantener al presidente José Antonio Kast y parte de sus ministros desplegados en regiones durante este 11 de septiembre generó críticas desde la oposición. Mientras Kast desarrolló su agenda en la Región de Los Ríos, dirigentes del Partido Socialista y la exministra del Interior Carolina Tohá cuestionaron la decisión de realizar estas actividades fuera de Santiago durante un nuevo aniversario del golpe de Estado.

Durante un punto de prensa realizado en la comuna de Corral, Kast habló sobre la fecha y aseguró que recordar lo ocurrido no significa que el país deba quedarse en el pasado. “Así como no puedo borrar la historia, tampoco puedo pedirle a nuestros compatriotas que estemos condenados por nuestra historia a no poder mirar el futuro de nuestra nación”, señaló el presidente mientras continuaba con sus actividades en la región.

Sobre esta postura, Maximiliano Quintral, analista político y académico de la UTEM, declaró sobre la postura del presidente al no realizar un acto oficial:”Es coherente con lo que ha señalado a lo largo de su vida política (…). La argumentación que se da es que hay que superar ciertos espacios históricos de memoria y pensar en el futuro, lo que ha sido siempre el discurso del sector de la derecha en relación a los sucesos del 11 de septiembre”.

Respecto a la estrategia de enviar al comité político fuera de la capital en esta fecha, Quintral analizó: “Divide un poco la pauta informativa, da señales a las regiones que le brindaron apoyo (…) y, comunicacionalmente, marca una distancia frente a los sucesos del 11 de septiembre, evitando que su propio sector político lo cuestione en esta fecha”.

Oposición critica despliegue del Gobierno en regiones

Desde la oposición interpretaron las actividades del mandatario fuera de Santiago como un intento de desmarcarse de la conmemoración. Francisco Saba, presidente de la Juventud Socialista, criticó directamente que el presidente y sus ministros estuvieran desplegados en regiones durante esta jornada: “Si el gobierno cree que es más importante desplegar a todos sus ministros y a su presidente en otras regiones para quitarle el foco a esto, eso no va a suceder. La memoria va a seguir y la vamos a seguir militando”, afirmó.

Además, aseguró que la memoria seguirá presente aunque no sea desde La Moneda: “Y si no es en La Moneda va a ser acá, va a ser en los colegios, va a ser en las universidades, va a ser en los sindicatos, va a ser en los barrios, va a ser en las juntas de vecinos”, señaló 

Las críticas de Tohá y Vodanovic

Por otro lado, Carolina Tohá se refirió a la actividad que Kast realizó durante la mañana en Valdivia, donde el presidente destacó que este 11 de septiembre también se cumplen seis meses desde el inicio de su Gobierno. Para la exministra del Interior, la forma en que se desarrolló la jornada fue una falta de respeto: “es una falta de sensibilidad, es una falta de respeto con todas las personas que sufrieron en esa fecha, pero sobre todo creo que es un error histórico, porque los países que no recuerdan renuncian a aprender de su historia. Y Chile necesita aprender de su historia para no repetirla”.

La presidenta del Partido Socialista y senadora, Paulina Vodanovic, también apuntó a que este 11 de septiembre fuera tomado como un día normal de trabajo, mientras Kast se encontraba desarrollando sus actividades fuera de Santiago. “Será Chile que finalmente juzgue a quienes hoy día pretenden borrar la historia, a quienes creen que hoy día es un día normal de trabajo y que no quieren conmemorar un hecho triste, dramático para todo Chile”, señaló la senadora.

Finalmente, desde la vuelta de la democracia en 1990, los distintos gobiernos habían realizado actividades para conmemorar el 11 de septiembre. La decisión de Kast de mantener su agenda de trabajo en regiones rompe con esa tradición y convierte a este 11 de septiembre en el primero, desde 1990, en que el Gobierno no realiza una conmemoración oficial por el golpe de Estado. 

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Nacional

Michi Bip! vuelve a agotarse tras segunda venta y genera largas filas en estaciones de Metro

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La fiebre por la Michi Bip! no da tregua. La segunda venta de la popular tarjeta Bip! con diseño del gato naranja volvió a generar gran expectación entre los usuarios del Metro de Santiago, con largas filas y ejemplares que se agotaron rápidamente durante la jornada de este miércoles 9 de septiembre.

La nueva partida comenzó a comercializarse desde las 08:00 horas en 15 estaciones de Metro, luego del éxito de la primera edición, que también se agotó en pocas horas.

Largas filas para conseguir la Michi Bip!

La particular tarjeta, que se hizo popular por su diseño inspirado en un gato naranja que representa a un trabajador de la construcción de la futura Línea 7, volvió a convocar a numerosos fanáticos desde las primeras horas de la mañana.

Según registros compartidos por usuarios en redes sociales, algunas estaciones comenzaron a recibir largas filas para adquirir la tarjeta. En Santa Ana, por ejemplo, los ejemplares ya se habían agotado cerca de las 08:50 horas.

Para esta segunda jornada de venta, Metro estableció un máximo de dos tarjetas por persona, con el objetivo de ampliar las posibilidades de acceso a quienes querían conseguir el diseño coleccionable.

¿En qué estaciones se vendió la Michi Bip!?

La segunda venta se realizó en las siguientes 15 estaciones de Metro:

  • Tobalaba
  • Los Leones
  • Baquedano
  • La Moneda
  • San Pablo
  • San Alberto Hurtado
  • Vespucio Norte
  • Santa Ana
  • La Cisterna
  • Quilín
  • Vicente Valdés
  • Plaza de Puente Alto
  • Plaza de Maipú
  • Irarrázaval
  • San Joaquín

El éxito de ambas jornadas demuestra el interés que generó la Michi Bip!, que pasó de ser una tarjeta de transporte a convertirse rápidamente en un objeto coleccionable entre los fanáticos de los gatos y usuarios del Metro.

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Kast pide a prófugos que se entreguen para evitar gastar recursos en su búsqueda 

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El Presidente José Antonio Kast llamó a los prófugos de la justicia a entregarse y aseguró que su Gobierno cuenta con un plan para encontrarlos. Además, señaló que mantenerse escondido significa un gasto extra para el gobierno, ya que deben seguir buscándolos. Sin embargo, agregó que tarde o temprano darán con sus paraderos.

Este lunes 7 de septiembre, y en una entrevista para ADN Hoy, el presidente comentó que: “Si usted está prófugo, entréguese, no nos haga gastar más recursos, igual lo vamos a encontrar”. También, afirmó que durante sus primeros meses de mandato han logrado detener a personas que las autoridades buscaban hace años.

Durante la entrevista, Kast no mencionó nombres ni casos específicos, sino que dirigió su llamado a las personas que actualmente se encuentran prófugas de la justicia. Esto incluye a quienes son buscados por las autoridades por tener órdenes de detención pendientes o por haber escapado mientras se encontraban bajo custodia.

Sin embargo, pese a no mencionar nombres ni casos específicos, la Policía de Investigaciones (PDI) mantiene actualmente una lista de los prófugos más buscados del país. Entre ellos aparecen Paulo Alejandro Miranda Hermosilla, Diego Franchesco Torres Gaete, Jimmy Andrés Echeverría Silva y Rafael Adriano Valdés Meza, quienes continúan siendo buscados.

Por otro lado, todas estas declaraciones ocurren pocos días después de la captura de uno de los prófugos más buscados durante este tiempo. Este 1 de septiembre la PDI detuvo a Juan Abdón Flores Valenzuela, conocido como el “Indio Juan”, luego de estar 187 días prófugo de la justicia tras haber escapado de la ex Penitenciaría de Santiago.

El llamado en medio de la agenda de seguridad

Las declaraciones también se dan mientras el Gobierno impulsa su Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo. Entre las propuestas está la creación de una nómina nacional de organizaciones criminales, cambios en las atribuciones policiales y medidas relacionadas con el sistema penitenciario y la incautación de bienes.

Dentro de esta agenda, el Gobierno también presentó en agosto una reforma constitucional para contar con nuevas herramientas frente al crimen organizado y el terrorismo. Esta reforma se suma a los cambios en seguridad que el Gobierno ha presentado durante los últimos meses.

Por ahora, el Gobierno seguirá con la búsqueda de quienes se encuentran prófugos. El llamado de Kast fue a que se entreguen antes de que las autoridades los encuentren.




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Auditoría al gobierno de Boric detecta 1.529 hallazgos y deriva cuatro casos a Fiscalía

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La revisión examinó más de 500 servicios públicos y analizó más de 913 millones de registros. Además, 118 hallazgos en 57 organismos podrían dar paso a sumarios administrativos.

La auditoría al gobierno de Boric detectó 1.529 hallazgos tras revisar información de más de 500 servicios públicos durante el periodo 2022-2026. El proceso también derivó en antecedentes de cuatro organismos al Ministerio Público.

La revisión, denominada “Inspección Total”, comenzó el pasado 11 de marzo y buscó identificar posibles irregularidades, debilidades administrativas y situaciones que requirieran nuevas investigaciones dentro de los organismos estatales.

Para realizar el análisis, los equipos de auditoría interna revisaron más de 913 millones de registros de datos correspondientes a distintas reparticiones públicas.

Auditoría al gobierno de Boric detecta 1.529 hallazgos

El proceso terminó con 1.529 hallazgos de distinta naturaleza y gravedad. Estos corresponden a situaciones que los equipos auditores identificaron durante la revisión de los servicios públicos.

Los resultados no implican necesariamente la existencia de delitos. Los hallazgos pueden corresponder a incumplimientos administrativos, debilidades en procedimientos u otras situaciones que requieren medidas correctivas.

Además, el proceso identificó 26 señales de alerta, que posteriormente dieron paso a 360 programas de auditoría interna.

118 hallazgos podrían terminar en sumarios

Entre los resultados de la revisión, 118 hallazgos correspondientes a 57 servicios públicos cuentan con una recomendación para iniciar sumarios administrativos.

Estos procedimientos permitirán determinar si existen responsabilidades individuales de funcionarios públicos y establecer las medidas que correspondan en cada caso.

Según los antecedentes conocidos, más de 40 de estos sumarios ya habían sido instruidos por los organismos respectivos.

La auditoría busca así establecer qué situaciones requieren correcciones administrativas y cuáles podrían tener consecuencias para quienes resulten eventualmente responsables.

Cuatro organismos quedaron bajo revisión de Fiscalía

Uno de los puntos que generó mayor atención corresponde a los antecedentes enviados al Ministerio Público.

Las autoridades remitieron información relacionada con cuatro organismos para que la Fiscalía determine si los hechos detectados podrían eventualmente constituir delitos.

Las instituciones involucradas son la Subsecretaría de la Mujer, la Dirección del Trabajo, la Subsecretaría de Deportes y la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb).

De acuerdo con antecedentes publicados por BioBioChile, los casos también fueron puestos en conocimiento de la Contraloría General de la República y del Consejo de Defensa del Estado (CDE).

En total, el proceso derivó siete casos a Contraloría, cinco al CDE y cuatro al Ministerio Público.

¿Qué ocurrirá con los antecedentes?

El cierre de la auditoría no significa que los casos hayan terminado. Ahora, cada institución deberá continuar con los procedimientos que correspondan según la naturaleza de los hallazgos.

En los casos enviados al Ministerio Público, será la Fiscalía la que deberá determinar si existen antecedentes suficientes para iniciar investigaciones penales.

Por otra parte, los organismos públicos deberán avanzar en los sumarios administrativos recomendados y aplicar las medidas necesarias para corregir las situaciones detectadas.

Con esto, la auditoría al gobierno de Boric concluye su etapa de revisión y deja una serie de antecedentes que deberán ser analizados por las instituciones competentes.

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