La movilización contra el alza de los combustibles incorporó a empresas de transporte de pasajeros en San Bernardo. En paralelo, los camioneros rechazaron la propuesta del delegado presidencial Germán Codina para despejar la autopista a cambio de gestionar una reunión con el subsecretario de Obras Públicas.

El paro indefinido de transportistas contra el encarecimiento de los combustibles sumó nuevos adherentes este martes 10 de noviembre. En la Región Metropolitana, 27 buses interurbanos se incorporaron a las manifestaciones en San Bernardo, mientras que en la Ruta 68 un intento de diálogo entre el delegado presidencial, Germán Codina, y los camioneros terminó sin acuerdo.

La adhesión de los buses se registró a la altura del paradero Colón, en San Bernardo, donde se concentraron máquinas pertenecientes a 14 empresas del Terminal Sur.

Juan Cornejo, presidente de la Asociación de Dueños de Buses Interurbanos, explicó que la movilización responde a un trabajo conjunto con el movimiento No+TAG y otras organizaciones de transportistas.

El dirigente señaló que realizarán interrupciones intermitentes del tránsito para exigir una instancia de conversación con las autoridades, aunque aseguró que permitirán el descenso de pasajeros en el sector.

Además, sostuvo que el aumento de los combustibles afecta especialmente a las empresas de buses interurbanos, debido a que sus ingresos dependen de la cantidad de pasajeros que compren pasajes para cada recorrido.

Tenso diálogo entre camioneros y delegado presidencial

Mientras los buses se sumaban a las manifestaciones, en la Ruta 68, a la altura de Ciudad de los Valles, en Pudahuel, se desarrolló un encuentro entre los camioneros movilizados y el delegado presidencial metropolitano, Germán Codina.

En ese sector, los transportistas mantenían parcialmente bloqueada la autopista en dirección a Valparaíso, ocupando dos pistas y dejando una habilitada para la circulación.

Durante la conversación, Codina ofreció gestionar una reunión con el subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, para que los dirigentes pudieran presentar sus demandas. Sin embargo, condicionó esa gestión a que los manifestantes mostraran disposición a despejar la carretera.

La propuesta fue rechazada por los camioneros, quienes insistieron en que la autoridad debía acudir personalmente al lugar de la movilización.

“Disculpe, delegado, pero la oficina de nosotros está en este lugar y de acá no nos vamos a mover hasta que el subsecretario llegue”, respondió uno de los dirigentes.

Ante la falta de acuerdo, Codina advirtió que el Gobierno debía garantizar el orden público y que, si se mantenían los cortes de rutas, las autoridades podrían recurrir a Carabineros para restablecer la circulación.

“Cortar las rutas es un delito, en caso de que eso se produzca, todas las autoridades tenemos que actuar en el marco que la Constitución y las leyes establecen”, sostuvo.

La autoridad también señaló que, de ser necesario, correspondería detener a los responsables y despejar la carretera mediante la fuerza pública, aunque reiteró que la primera alternativa del Ejecutivo era alcanzar un acuerdo mediante el diálogo.

En paralelo, Carabineros comenzó a cursar infracciones a los camioneros que obstaculizaban el tránsito en la Ruta 68.

Pese a las conversaciones, el encuentro no permitió destrabar la movilización y los transportistas mantuvieron su postura de permanecer en la carretera.

Paro suma nuevas adhesiones

La paralización, convocada en rechazo al aumento del precio de los combustibles, continúa extendiéndose por distintas zonas del país.

Además de los camioneros, la incorporación de buses interurbanos amplió el alcance de las manifestaciones en la Región Metropolitana. Durante la jornada también se reportaron nuevas adhesiones en Arica y Parinacota y La Araucanía.

Las organizaciones movilizadas mantienen entre sus principales demandas medidas para enfrentar el encarecimiento del diésel y el impacto de los costos operacionales en el transporte de carga y pasajeros.

A menos de 24 horas de ingresar la iniciativa al Congreso, el Ejecutivo decidió retirarla para realizar ajustes. La propuesta buscaba moderar durante 90 días las alzas de las bencinas y el diésel, en medio del paro nacional de camioneros.

El Gobierno retiró este miércoles 11 de noviembre el proyecto de ley que buscaba limitar a $20 por litro las alzas de los combustibles durante los próximos 90 días.

La iniciativa había ingresado la noche del martes a la Cámara de Diputadas y Diputados con discusión inmediata, con el objetivo de acelerar su tramitación y permitir que fuera votada el próximo lunes 16 de noviembre.

Sin embargo, a menos de 24 horas de su presentación, el Ejecutivo decidió retirar el texto para introducir modificaciones.

La decisión fue confirmada a Radio Bío Bío por fuentes de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), desde donde señalaron que el Gobierno busca realizar ajustes a la denominada “Ley Frenazo”.

Hasta ahora, no se ha precisado si los cambios apuntarán a aspectos de fondo o solamente a cuestiones de forma. Según los antecedentes entregados, el Ejecutivo pretende reingresar el proyecto durante esta misma semana.

Proyecto salió de la tabla de la Cámara de Diputados

Tras su retiro, la iniciativa quedó fuera de la tabla de la sesión de este miércoles de la Cámara de Diputadas y Diputados, donde inicialmente estaba contemplado informar sobre su ingreso.

El proyecto consideraba tanto las bencinas como el diésel y buscaba moderar los incrementos que pagan los consumidores durante un período de 90 días, frente a las alzas internacionales del precio del petróleo.

Su presentación se produjo en medio de la paralización iniciada el martes por distintas organizaciones de camioneros, que han manifestado su preocupación por el costo del diésel y los gastos asociados al transporte de carga.

Por ahora, la propuesta no continuará su tramitación en el Congreso en su versión original, mientras el Gobierno prepara un nuevo texto para volver a presentarlo.

La movilización comenzó durante la madrugada de este martes 10 de noviembre y registra restricciones en sectores de Tarapacá, La Araucanía, Biobío y O’Higgins. Los transportistas exigen medidas frente al alza del diésel y el aumento de los costos operacionales.

Con camiones apostados en distintos puntos de las carreteras y restricciones a la circulación comenzó durante la madrugada de este martes el paro nacional indefinido convocado por organizaciones de transportistas de carga.

La movilización, impulsada por agrupaciones como la Confederación de Camioneros Fuerza del Norte y la Confederación de Camioneros Centro-Sur, ya registra interrupciones y tránsito lento en distintos sectores de la Ruta 5, entre ellos Victoria, Los Ángeles y San Fernando. También se reportaron manifestaciones en Pozo Almonte, en la Región de Tarapacá.

El principal motivo de la paralización es el incremento sostenido del precio de los combustibles, especialmente del diésel, y su impacto en los costos de operación del transporte de carga.

Entre las demandas de los gremios se encuentran medidas para contener el valor de los combustibles y mecanismos que permitan enfrentar el aumento de los gastos que deben asumir los pequeños y medianos transportistas.

Restricciones en Tarapacá

En la Región de Tarapacá, los camioneros comenzaron a concentrarse durante la noche del lunes en diferentes rutas y en las inmediaciones del Puerto de Iquique.

En la Ruta 5 Norte se habilitó una pista para permitir el desplazamiento de vehículos menores, mientras que la circulación de otros camiones quedó restringida en el sector portuario.

El presidente de la Asociación Gremial Comando Defensa del Puerto de Iquique, Unión de Camioneros, Rafael Miranda, estimó que cerca de mil camiones podrían sumarse a las manifestaciones en distintos puntos de la región.

El dirigente cuestionó, además, la representatividad de las principales organizaciones nacionales del transporte de carga y sostuvo que sus acuerdos no consideran las necesidades de los pequeños y medianos empresarios.

Organizaciones de O’Higgins y el Maule se suman al paro

La movilización también cuenta con la participación de agrupaciones de otras regiones del país.

En O’Higgins, la Asociación Gremial Rengo O’Higgins (ASGRO) confirmó su adhesión al llamado nacional. Asimismo, la Asociación Gremial de Dueños de Camiones anunció una interrupción del tránsito en el sector del Cruce Lircay.

En tanto, en la Región del Maule, la Asociación de Dueños de Camiones de Cauquenes (Asoducam Cauquenes) confirmó su participación en la paralización indefinida desde las 00:01 horas de este martes.

La organización atribuyó su decisión al encarecimiento del diésel, la falta de reajustes en las tarifas de los fletes y el aumento del costo de la vida.

Para desarrollar la movilización, anunció puntos de presencia en cuatro sectores de Cauquenes: el kilómetro 1 de la Ruta 126, en el sector del Complejo Deportivo de Barrio Estación; el kilómetro 5 de la Ruta M-50, cerca del Cementerio Parque Cauquenes; y dos puntos de la Ruta 128, en los sectores La Virgen y El Boldo.

La agrupación señaló que mantendrá el acceso para vehículos de emergencia, abastecimiento de agua y automóviles particulares.

La paralización se mantiene con carácter indefinido, mientras los transportistas esperan respuestas del Gobierno frente a sus demandas por el precio de los combustibles y las tarifas del transporte de carga.

Una auditoría interna identificó inconsistencias en los registros de producción de 2024 y 2025, que habrían generado un perjuicio de hasta US$140 millones. La investigación también puso bajo cuestionamiento la actuación del expresidente del directorio, Máximo Pacheco, quien figura como imputado en la causa.

Una serie de irregularidades en los registros de producción de Codelco quedó al descubierto durante 2026, luego de que integrantes del directorio cuestionaran las cifras informadas por la estatal para diciembre de 2025.

Los antecedentes revelaron que 42.100 toneladas métricas finas de cobre correspondientes a los años 2024 y 2025 fueron contabilizadas de manera irregular, lo que habría provocado un perjuicio de entre US$120 millones y US$140 millones en los inventarios de la compañía.

El caso también abrió cuestionamientos sobre el rol del entonces presidente del directorio, Máximo Pacheco, particularmente por su postura frente a las primeras alertas y la decisión de realizar una auditoría interna.

Enero de 2026: las primeras dudas sobre la producción

El 2 de enero de 2026, Máximo Pacheco destacó que Codelco había cerrado 2025 con una producción de cobre levemente superior a la del año anterior.

Uno de los datos que respaldaba ese balance era el fuerte incremento registrado en diciembre, cuando la estatal alcanzó 172.300 toneladas métricas finas, un 41% más que en noviembre y su mayor producción mensual en una década.

Sin embargo, a fines de enero, durante una reunión del Comité de Gestión, comenzaron a surgir dudas entre algunos integrantes del directorio sobre las cifras informadas.

Según lo expuesto por la directora Támara Agnic en la última junta de accionistas, se solicitó una explicación al entonces gerente de Control de Gestión, César Márquez, quien aseguró que los registros eran correctos.

Posteriormente, también se consultó al entonces presidente ejecutivo de Codelco, Rubén Alvarado. Tras revisar los antecedentes con los responsables de entregar la información, el ejecutivo sostuvo que las cifras se ajustaban a la normativa.

Pese a estas respuestas, las dudas continuaron y el Comité de Auditoría, Compensación y Ética (CACE) inició una indagación.

El 25 de febrero, mientras avanzaba la revisión, integrantes del directorio recibieron un correo anónimo que advertía sobre aproximadamente 20 mil toneladas de cobre contenidas en óxidos de Chuquicamata que habrían sido contabilizadas como producción durante 2025.

Marzo: cuestionamientos a la postura de Máximo Pacheco

A mediados de marzo, Pacheco descartó públicamente que existieran irregularidades en los registros de producción de la estatal.

Según consignó Diario Financiero, el entonces presidente del directorio calificó los cuestionamientos como “infundados” y argumentó que en diciembre se realizaba habitualmente una limpieza de inventarios, además de destacar la recuperación productiva de la compañía.

Una semana después, el 26 de marzo, el Comité de Auditoría se reunió para evaluar la realización de una auditoría interna que permitiera revisar las cifras de producción de 2025.

De acuerdo con testimonios de asistentes citados por Ex-Ante, Pacheco se habría opuesto a avanzar con esa revisión, argumentando que Codelco ya contaba con mecanismos de control suficientes y que el aumento de la producción había sido explicado públicamente.

No obstante, fuentes cercanas al expresidente del directorio descartaron que este se hubiera opuesto a la indagatoria.

El tema volvió a instalarse en la junta de accionistas, donde el exdirector Eduardo Bitrán cuestionó que no siempre existiera unanimidad para tomar decisiones rápidas frente a la situación.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, afirmó que “este engaño se produjo al más alto nivel en la línea de administración”.

Mayo: auditoría detecta casi 27 mil toneladas irregulares

En mayo, una auditoría interna identificó que 26.875 toneladas métricas finas de cobre vinculadas a las divisiones Chuquicamata y Ministro Hales habían sido reconocidas como producción sin cumplir los estándares establecidos por la empresa.

El informe identificó desviaciones en las responsabilidades del entonces gerente de Control de Gestión, César Márquez, señalado como principal articulador de las operaciones, y de Mauricio Barraza, exvicepresidente de Operaciones.

Márquez fue desvinculado de Codelco, mientras que Barraza ya no formaba parte de la compañía.

Tras estos hallazgos, la estatal presentó una denuncia ante la Fiscalía, dando paso a una investigación judicial que continúa abierta. En el marco de esta causa, Máximo Pacheco figura como imputado.

Septiembre: detectan nuevos registros duplicados

La revisión continuó y, en septiembre, se identificó otra irregularidad: producción de las divisiones Ministro Hales y Salvador había sido contabilizada dos veces durante 2024 y 2025.

Esto ocurrió porque el cobre fue registrado como producción tanto por la división que lo despachó para su procesamiento como por aquella que lo recibió.

Con este nuevo hallazgo, el total de cobre registrado irregularmente durante ambos años alcanzó las 42.100 toneladas métricas finas.

Durante la última junta de accionistas, Fontaine informó que estas inconsistencias habrían provocado un perjuicio de entre US$120 millones y US$140 millones en los inventarios de Codelco.

Bonos por más de US$14 millones

Uno de los efectos de la sobreproducción registrada en diciembre de 2025 fue el pago de bonos por más de US$14 millones a cerca de 6.300 trabajadores y ejecutivos de Chuquicamata, Ministro Hales y la casa matriz.

Según fuentes de la estatal citadas por Ex-Ante, el objetivo de las operaciones habría sido cumplir las metas anuales de producción y mostrar mejores resultados de la compañía, y no sustraer recursos públicos ni generar el pago de incentivos.

La investigación judicial sigue en desarrollo y deberá determinar las responsabilidades individuales en las irregularidades detectadas, así como el alcance de las decisiones adoptadas por los distintos niveles de administración de la cuprera.